El periodista independiente Niober García Fournier fue citado por la Seguridad del Estado para comparecer ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Guantánamo, en un nuevo episodio de acoso sistemático contra la prensa no oficialista en la isla.
Un oficial de la Seguridad del Estado se presentó en el domicilio del comunicador para entregarle una citación oficial con el objetivo de ser \»entrevistado\» en la estación municipal conocida como Parque 24. Las autoridades de la isla no ofrecieron mayores detalles sobre los motivos de esta convocatoria, una práctica habitual dentro de los mecanismos de intimidación del régimen de La Habana contra quienes ejercen el periodismo al margen del control estatal.
García Fournier acumula casi una década de persecución política directa. El reportero lleva nueve años \»regulado\», la eufemística figura legal que utiliza el gobierno cubano para prohibir la salida del país a activistas, opositores y comunicadores. A lo largo de este tiempo, ha sido objeto de citaciones recurrentes, vigilancia, amenazas de encarcelamiento y campañas de desinformación dirigidas contra su núcleo familiar, todo ello como represalia por su labor informativa y su colaboración con medios independientes.
Hostigamiento continuo y criminalización del trabajo periodístico
La citación más reciente se suma a una larga lista de acciones represivas. En enero de 2025, el reportero fue detenido y acusado del presunto delito de \»usurpación de capacidad legal\», una figura frecuentemente utilizada para criminalizar el ejercicio del periodismo fuera de las instituciones estatales. Asimismo, su historial incluye arrestos como el del 11 de julio de 2021, cuando fue privado de libertad por más de dos días por intentar cubrir las protestas históricas, y dos multas impuestas bajo el Decreto-Ley 370, conocido como \»Ley Azote\», diseñado para silenciar la expresión en redes sociales y medios alternativos.
El acoso contra García Fournier refleja la política de censura y asfixia legal que mantiene la dictadura cubana para impedir la documentación de la crisis estructural, las violaciones de derechos humanos y el colapso socioeconómico en el oriente del país. Ante la imposibilidad de silenciar la realidad por otras vías, el aparato represivo opta por el hostigamiento constante, enviando un mensaje de disuasión a la sociedad civil y evidenciando, una vez más, la nula tolerancia del ejecutivo cubano hacia el pluralismo informativo y la libertad de prensa.
