La aprobación de una ley de amnistía en Venezuela que beneficia a decenas de presos políticos contrasta de forma elocuente con la postura del gobierno cubano, que mantiene tras las rejas a más de mil ciudadanos encarcelados por motivos políticos, incluyendo figuras como Félix Navarro y Luis Manuel Otero Alcántara, sin que exista la menor intención de aplicar una medida similar en la isla.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento legal que entró en vigor de inmediato tras su promulgación por la vicepresidenta encargada, Delcy Rodríguez. La norma, aunque cuestionada por sectores opositores por sus limitaciones y vacíos, ha permitido la liberación de numerosos venezolanos detenidos por razones políticas y ha abierto un debate inevitable sobre el silencio del régimen de La Habana ante un precedente que, por afinidad ideológica y geopolítica, podría replicarse en Cuba.
La ley venezolana no está exenta de críticas. Organizaciones de derechos humanos y analistas han señalado que la disposición deja fuera a numerosos detenidos, particularmente aquellos acusados de delitos graves como actos violentos o armados, acusaciones que, según denuncias reiteradas, han sido fabricadas de manera discrecional por el sistema judicial venezolano. La independencia de los tribunales encargados de aplicar la amnistía también ha sido puesta en entredicho. Sin embargo, pese a sus deficiencias, el hecho representa un gesto político de apertura que en Cuba resulta impensable bajo las actuales circunstancias.
El espejo que el régimen cubano se niega a mirar
La estrecha relación entre Cuba y Venezuela ha sido históricamente invocada para justificar políticas de control social, represión y confrontación ideológica. Sin embargo, cuando se trata de medidas orientadas a la reconciliación nacional, esa misma afinidad desaparece del discurso oficial. La dictadura cubana no ha mostrado ninguna voluntad de seguir el ejemplo de Caracas, a pesar de que la situación de los presos políticos en la isla es ampliamente documentada por organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Figuras como Félix Navarro, periodista y activista detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021, o Luis Manuel Otero Alcántara, artista líder del Movimiento San Isidro, permanecen encarcelados por ejercer derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales que el gobierno cubano ha firmado. Sus casos no son excepciones: organizaciones de la sociedad civil civil documentan que más de mil personas cumplen condenas o permanecen en prisión preventiva por motivos estrictamente políticos, en un contexto de represión sistemática que se ha intensificado desde las protestas masivas de julio de 2021.
Una arbitrariedad sin justificación
La negativa del ejecutivo cubano a contemplar siquiera una medida de amnistía o indulto revela la naturaleza profunda del sistema: un esquema de poder que no admite concesiones porque cualquier gesto de apertura sería interpretado como una señal de debilidad. Mientras el régimen mantiene su discurso de supuesta defensa de los derechos humanos en foros internacionales, en la práctica persiste en la criminalización de la disidencia, el encarcelamiento de activistas pacíficos y la persecución de quienes osan cuestionar el modelo impuesto.
El contraste con Venezuela, un país igualmente atravesado por graves violaciones de derechos humanos pero donde al menos se ha producido un gesto normativo hacia la convivencia democrática, expone la intransigencia de las autoridades de la isla. La comunidad internacional, que ha celebrado tibiamente la amnistía venezolana, debería exigir con la misma firmeza que la dictadura cubana libere de forma incondicional e inmediata a todos los presos políticos. La pregunta que queda flotando es cuánto tiempo más deberá esperar la sociedad cubana para que en La Habana se abra la misma puerta que en Caracas, aun con todas sus imperfecciones, ya comienza a entreabrirse.
