Dunia Vega Leiva, madre de tres hijos y cuidadora de su madre de 72 años, lleva una década esperando una solución del Estado para su vivienda en franco deterioro en el municipio de Arroyo Naranjo. A pesar de contar con una orden de demolición aprobada, la burocracia y la inacción de las autoridades de la isla mantienen a la familia viviendo bajo el riesgo inminente de que el techo se desplome.
La vivienda, ubicada en la calle Fernando número 794, presenta un deterioro crítico que obliga a la familia a refugiarse en el baño y la cocina cada vez que llueve. Vega Leiva relató que las constantes filtraciones han destruido sus enseres básicos, como el colchón y el televisor, y que la humedad permanente afecta la salud de los habitantes, quienes padecen afecciones respiratorias de manera continua. \»Mi mayor temor es que la casa se desplome y nos caiga encima\», denunció la mujer, evidenciando la severa presión psicológica bajo la que subsisten.
Desde 2016, la cubana ha acudido a las instancias correspondientes solicitando asistencia, siquiera para recibir materiales y reparar el techo. La situación escaló hasta obtener una orden de demolición firmada por la directora municipal de Vivienda, aprobada en 2025, pero hasta la fecha no ha habido respuesta operativa. Vega Leiva señaló que su casa es pequeña y que, con solo siete tejas entregadas por el Estado, la emergencia podría haberse mitigado, lo que evidencia la falta de voluntad del régimen de La Habana para resolver situaciones de vida o muerte con recursos mínimos.
El colapso habitacional en el contexto de la crisis estructural
El caso de Vega Leiva no es un hecho aislado, sino el reflejo del profundo colapso de los servicios públicos y la infraestructura en la isla. La escasez crónica de materiales de construcción, agravada por la inflación sostenida y los precios inalcanzables en el mercado informal, ha dejado a cientos de miles de cubanos en estado de vulnerabilidad extrema. Según cifras oficiales, el déficit habitacional en el país supera las 900.000 viviendas, un indicador que demuestra la incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar un derecho básico y proteger la integridad física de sus ciudadanos.
Mientras la burocracia estatal dilata las soluciones, familias enteras quedan expuestas a tragedias evitables. La indolencia de la dictadura cubana frente a emergencias habitacionales como la de Arroyo Naranjo subraya la desconexión total entre el discurso oficial y la realidad que sufren los cubanos. Esta inacción no solo profundiza el sufrimiento diario de la población, sino que augura un aumento en los accidentes fatales y el desplazamiento forzado de más hogares, en medio de una crisis sistémica que no muestra visos de solución.
