El joven cubano Luis Miguel Oña Jiménez, sentenciado a 12 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, falleció este fin de semana en la isla tras ser excarcelado días antes bajo una licencia extrapenal. Su deceso, ocurrido tras sufrir una isquemia en prisión, reabre el debate sobre la negligencia médica y el trato cruel hacia los opositores en el sistema penitenciario cubano.
La organización no gubernamental Prisoners Defenders confirmó el fallecimiento del manifestante, quien padecía de VIH/SIDA. Según el reporte, Oña Jiménez sufrió una isquemia mientras cumplía condena en la prisión de Panamá, en Güines, lo que le provocó una parálisis que le impidió moverse. El régimen de La Habana optó por enviarlo a su domicilio bajo la figura de \»licencia extrapenal\» cuando su estado de salud ya era irreversible, una práctica habitual para evadir la responsabilidad institucional sobre las muertes bajo custodia.
La activista Avana de la Torre responsabilizó directamente a la dictadura cubana por el deterioro físico del joven, señalando que su fallecimiento no fue natural, sino la consecuencia directa de un sistema penitenciario negligente y represivo. \»Lo liberaron no para salvarlo, sino para evitar asumir públicamente la responsabilidad de su muerte bajo custodia\», indicó de la Torre. Por su parte, Prisoners Defenders subrayó que con esta muerte el poder en la isla se cobra otra vida joven que osó exigir libertad y protestar.
Un sistema de represión horizontal y masiva
El caso de Oña Jiménez no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la crisis estructural de derechos humanos y la constante persecución política que atraviesa la isla. De acuerdo con el último recuento de Prisoners Defenders, Cuba mantiene a 1.207 prisioneros políticos, tras verificar 18 nuevos casos recientes. Esta cifra evidencia un patrón creciente de represión caracterizado por la vigilancia sistemática, detenciones arbitrarias y el endurecimiento de penas contra ciudadanos que publican contenido crítico en redes sociales o participan en manifestaciones pacíficas.
La muerte de este joven de 27 años, condenado inicialmente a 12 años por sedición, plantea serias interrogantes sobre el futuro de los cientos de cubanos que permanecen encarcelados por motivos políticos y que sufren condiciones carcelarias precarias. La situación exige una respuesta más contundente de la comunidad internacional y de los organismos defensores de los derechos humanos frente a las políticas del gobierno cubano, cuya negligencia institucional continúa cobrando vidas en medio del silencio y la impunidad.
