El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que Washington tiene identificadas a las personas que hostigaron al encargado de Negocios en la isla, Mike Hammer, durante sus recorridos oficiales. El funcionario advirtió que responderá con sanciones migratorias contra los implicados, tras los recientes actos de repudio orquestados por la dictadura cubana en Camagüey y Trinidad.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Landau condenó el acoso sufrido por el embajador Hammer mientras cumplía con sus deberes diplomáticos en distintas provincias. \»Bajo normas básicas del derecho internacional, los diplomáticos deben ser libres de desempeñar sus funciones sin acoso de matones\», señaló el alto funcionario, enfatizando que el gobierno estadounidense tomará medidas concretas, incluyendo la restricción de entrada a su territorio para los responsables de la intimidación.
La advertencia de Washington responde a una serie de incidentes de hostigamiento organizados por las autoridades de la isla. Durante los últimos días, grupos progubernamentales interceptaron y profirieron insultos contra el diplomático en Camagüey y Trinidad. Ante estos hechos, el proyecto Represores Cubanos, gestionado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), incorporó a su base de datos a varios dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Camagüey, señalados como responsables de la convocatoria, coordinación e instrucción de estos actos.
Violación sistemática de las normas diplomáticas
El uso de actos de repudio es una táctica habitual de la dictadura cubana para amedrentar tanto a la disidencia interna como a los actores internacionales que intentan interactuar directamente con la sociedad civil. La organización de estos operativos de hostigamiento, que frecuentemente involucran a funcionarios de base del PCC, demuestra el control burocrático que el régimen de La Habana ejerce sobre la movilización ciudadana, vulnerando sus propias obligaciones internacionales respecto a la protección del personal diplomático acreditado en el país.
De cara al futuro, las medidas que estarían evaluando las autoridades estadounidenses contemplan la \»inadmisibilidad permanente\» para ingresar a territorio estadounidense, la cancelación de visados vigentes y la revocación de procesos migratorios en curso para los implicados. Esta postura firme de la comunidad internacional no solo busca blindar la labor diplomática, sino que envía un mensaje directo a la maquinaria represiva de la isla: la participación en el acoso estatal conllevará severas consecuencias personales y migratorias, limitando las opciones de salida de estos funcionarios ante el profundo colapso institucional y económico que atraviesa la nación.
