El artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara transmitió dos mensajes desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay en los que denuncia la instrumentalización de los reclusos políticos por parte del régimen de La Habana y exige una transición hacia voces democráticas ante la profunda crisis que atraviesa la isla.
En una conversación telefónica con la activista Coco Fusco, Otero Alcántara detalló cómo el gobierno cubano mantiene a los activistas encarcelados como herramienta de presión. El líder del Movimiento San Isidro sostuvo que, incluso frente a un eventual colapso institucional, las autoridades continuarían utilizando a los presos como \»moneda de cambio\» hasta el último minuto. Además, extendió esta crítica a la ciudadanía en general y a las misiones médicas en el exterior, a las que calificó como mano de obra prácticamente esclava.
Preocupado por la integridad física de los disidentes tras las rejas en un escenario de creciente tensión social, el artista alertó sobre la impunidad con la que opera el aparato represivo. \»Qué les importa matarnos a nosotros en nuestras celdas\», sentenció, apelando posteriormente a la humanidad de sus represores. En un llamado directo, pidió a la dictadura cubana que entregue el poder, que reflexione sobre el sufrimiento de las familias y que ceda la dirección del país a las fuerzas democráticas.
Solidaridad con los jóvenes de El4tico
A través de un audio compartido en redes, el también fundador del proyecto 27N envió un segundo mensaje de respaldo a Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, jóvenes del proyecto El4tico detenidos en Holguín. Otero Alcántara urgió a la sociedad civil a no permanecer pasiva ante la nueva ola de detenciones y subrayó que las dinámicas represivas contra colectivos artísticos y cívicos son un patrón constante. \»Hay que hacer algo. No podemos quedarnos sentados\», enfatizó el preso, trazando una línea de continuidad entre las luchas de San Isidro, el 27N y la actual represión.
Las declaraciones de Otero Alcántara se producen en medio del deterioro acelerado de las condiciones carcelarias y la agudización de la crisis estructural en Cuba. El régimen de La Habana ha intensificado su estrategia de criminalización de la disidencia para sofocar el malestar social derivado de la hiperinflación, los apagones y el éxodo migratorio masivo. Su encarcelamiento, desde julio de 2021 tras intentar sumarse a las protestas pacíficas del 11J, es un reflejo de la política de amedrentamiento judicializada mediante figuras jurídicas como \»desacato\» y \»desórdenes públicos\».
El caso del artista habanero, reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, continúa siendo un punto de fricción en la evaluación de los derechos humanos en la isla. Organizaciones como Human Rights Watch y PEN International mantienen la exigencia de su liberación inmediata, mientras la comunidad internacional observa cómo la negativa del ejecutivo cubano a liberar a los presos políticos bloquea cualquier vía de diálogo o apertura democrática en el país.
