Agentes de la Seguridad del Estado allanaron este viernes la vivienda que funciona como set de grabación del proyecto audiovisual independiente El4tico, en la provincia de Holguín, y detuvieron de forma arbitraria al joven Kamil Zayas, cuyo paradero actual se desconoce. La operación policial confirma una nueva arremetida del régimen de La Habana contra el activismo digital y la libertad de expresión en la isla.
Según la denuncia formulada por la organización no gubernamental Justicia 11J, el operativo incluyó la irrupción de fuerzas de seguridad bajo el amparo de una \»orden de registro\». Tras el allanamiento del inmueble, Zayas fue trasladado por las autoridades sin que hasta el momento se haya proporcionado información oficial sobre su situación a sus familiares y allegados, quienes permanecen en espera de novedades sobre su integridad física y su destino.
La represión no se ha limitado a Zayas. La ONG advirtió que otros integrantes del colectivo, como Ernesto Medina y su esposa Doris Santiesteban, se encuentran en una situación de alto riesgo ante el despliegue represivo asociado a este operativo. El4tico se ha consolidado como un espacio disidente que, desde Holguín y con más de 50.000 seguidores en Instagram, realiza análisis sociales y políticos críticos dirigidos directamente al poder.
Represión al ciberactivismo y crisis estructural
El allanamiento y la posterior desaparición forzada de Zayas se enmarcan en el hostigamiento sistemático de la dictadura cubana contra la libertad de expresión. Ante la profunda crisis económica, la inflación y el colapso de los servicios públicos que atraviesa la isla, el gobierno cubano ha optado por la persecución política y la censura para acallar a los jóvenes que utilizan las redes sociales para visibilizar la realidad nacional. La organización Justicia 11J recordó que figuras como Anna Bensi han inspirado a una nueva generación a exigir cambios políticos a través del lenguaje digital, lo que ha convertido a estos creadores en blancos frecuentes de la represión estatal.
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones de derechos humanos han exigido a las autoridades de la isla información inmediata sobre el paradero de Kamil Zayas, garantías para su integridad física y el cese del hostigamiento contra la libertad de expresión. La comunidad internacional y los observadores de derechos humanos mantienen la atención sobre este caso, que evidencia el alto costo de la disidencia en un sistema que penaliza cualquier intento de escrutinio público y la demanda de libertades democráticas.
