La Seguridad del Estado de Cuba citó a Caridad Silvente, madre de la creadora de contenido Anna Bensi, en un nuevo episodio de hostigamiento contra los familiares de jóvenes que denuncian la crisis en la isla. El procedimiento, calificado por la youtuber como una táctica de intimidación, evidencia la persistencia de la represión estatal contra la libertad de expresión y el uso de la familia como instrumento de coacción política.
La creadora de contenido, de 21 años y residente en La Habana, documentó a través de sus redes sociales el momento en que dos individuos se presentaron en su domicilio para entregar la notificación. En el material audiovisual se observa a un agente vestido de civil, quien admitió que la orden provenía de la Seguridad del Estado y exigía la comparecencia de Silvente en una unidad policial al día siguiente. La madre de la joven se negó a firmar el documento al constatar que vulneraba la normativa legal, la cual establece que estas citaciones deben entregarse con un mínimo de 72 horas de antelación.
Las irregularidades en el procedimiento burocrático fueron evidentes. Benítez denunció que el documento carecía de un motivo específico y presentaba inconsistencias en los datos de los oficiales responsables, mencionando a un \»capitán Alberto\» en el texto mientras que la firma pertenecía a un \»capitán Rafael\». Esta falta de transparencia en el accionar de las autoridades de la isla refuerza la percepción de que se trata de una medida de presión diseñada para infundir miedo más que de un proceso legal legítimo.
Represión sistemática contra la disidencia digital
El acoso hacia Anna Bensi no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la estrategia habitual del régimen de La Habana para silenciar las voces críticas. La joven ha adquirido notoriedad en redes sociales por exponer la cruda realidad cotidiana del país, abordando temas como los apagones prolongados, la inflación galopante, los salarios de miseria y el desabastecimiento. Su activismo digital ya le había costado la pérdida de su empleo y constantes interrupciones del servicio de internet, tácticas frecuentes de la dictadura cubana para aislar a los opositores y frustrar su labor informativa.
La presión sobre los familiares se ha convertido en una herramienta recurrente del aparato represivo. Recientemente, integrantes del proyecto digital \»Fuera de la Caja\» reportaron amenazas similares contra sus parientes. Oficiales del Ministerio del Interior han visitado los hogares de estos jóvenes para advertir a sus padres que podrían enfrentar cargos penales por sus publicaciones en redes. El uso de la familia como rehén político ilustra el alcance de la persecución y la vulneración de los derechos humanos que impera en el país.
Ante este escenario, la creadora de contenido ha reiterado su postura firme frente al acoso gubernamental. \»No les tengo miedo, no me intimidan y no me voy a callar, porque simplemente estoy ejerciendo mi derecho a expresarme\», aseguró. La criminalización de la comunicación digital y el hostigamiento a familiares profundizan el clima de tensión social en Cuba, exponiendo la incapacidad del gobierno cubano para gestionar la disidencia y su dependencia en el terror de Estado para mantener el control sobre una población cada vez más empobrecida y hastiada.
