Las autoridades de la isla ejecutaron este martes un nuevo operativo de acoso policial y detenciones contra la prensa independiente y activistas en La Habana y Camagüey. La jornada represiva incluyó la cuarta detención en menos de un mes del periodista Henry Constantín, así como la vigilancia de reporteros y familiares de presos políticos del 11J, en un claro intento de silenciar la disidencia.
El director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín, fue arrestado junto a la también periodista Alejandra García en la ciudad de Camagüey. Según confirmaron fuentes cercanas a la publicación, ambos fueron llevados esposados por agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en las inmediaciones del Parque Ignacio Agramonte. Este nuevo arresto marca la cuarta ocasión en los últimos 20 días en que Constantín es privado de libertad, una escalada de hostigamiento que el medio vincula directamente a su labor periodística y su activismo civil.
Las detenciones de Constantín se han intensificado en las últimas semanas, coincidiendo con la visita a la isla de Mike Hammer, jefe de misión de Estados Unidos en Cuba. El comunicador sufrió arresto domiciliario durante el fin de semana previo a la visita del diplomático a Camagüey, y fue impedido de asistir a un acto en su residencia el pasado 26 de enero. De manera simultánea en La Habana, la dictadura cubana desplegó operativos de vigilancia contra la reportera Camila Acosta, quien fue seguida por agentes de la Seguridad del Estado hasta las puertas de su vivienda, donde permaneció sitiada por cuatro oficiales.
Asedio a la sociedad civil y familiares de presos políticos
El accionar represivo no se limitó a la prensa independiente. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, denunció que la sede nacional de la organización opositora amaneció rodeada por agentes vestidos de civil y fuerzas de la PNR. Asimismo, la dictadura mantuvo bajo estricta vigilancia a familiares de ciudadanos encarcelados por motivos políticos tras las protestas del 11 de julio. Entre los asediados figuran Liset Fonseca y Marta Perdomo, madres de presos del 11J, así como los directivos del diario 14ymedio, Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar.
Esta nueva ola de acoso se enmarca en la estrategia habitual del régimen de La Habana para neutralizar cualquier vestigio de pluralismo y control social. Ante el profundo colapso económico, la inflación galopante y el incesante éxodo migratorio que atraviesa la isla, el gobierno cubano responde endureciendo el cerco informativo y criminalizando la protesta pacífica. El objetivo sistemático es aislar a los voceros críticos y a los familiares de los presos para evitar que la crisis estructural del país trascienda a la opinión pública internacional.
El hostigamiento constante a figuras como Constantín y Acosta evidencia la vulnerabilidad de los derechos fundamentales en la isla y plantea serias dudas sobre la voluntad real del ejecutivo cubano de abrir espacios de diálogo. La comunidad internacional y las organizaciones de defensa de la prensa deberán mantener el escrutinio sobre estas prácticas, ya que la impunidad con la que operan las fuerzas de seguridad augura un escenario de mayor asfixia cívica en el corto plazo para la ciudadanía cubana.
