Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) han logrado abastecer los estantes de comercios y mercados en Cuba tras la implementación del paquete de 176 medidas aprobadas por el gobierno cubano, pero la inflación galopante y los salarios deprimidos impiden que la mayoría de la población acceda a los productos, evidenciando una profunda fractura entre la disponibilidad de mercancías y la capacidad adquisitiva real de los ciudadanos.
La escena se repite en comercios de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y otras provincias de la isla: estanterías repletas de productos importados, envasados y con etiquetas que muestran precios en pesos cubanos, pero con cifras que superan con creces el salario medio mensual de un trabajador estatal. Mientras el régimen de La Habana celebra el «éxito» de su política de apertura comercial, miles de cubanos se limitan a observar mercancías que materialmente no pueden comprar.
El paquete de 176 medidas, presentado por las autoridades de la isla como una reforma destinada a dinamizar la economía nacional, ha tenido entre sus efectos más visibles la proliferación de Mipymes privadas que han logrado importar bienes y distribuirlos en el mercado interno. Sin embargo, este fenómeno ha estado acompañado por una espiral inflacionaria que ha devorado cualquier incremento nominal en los ingresos de la población, dejando intacta —y en muchos casos agravada— la precariedad económica de los hogares cubanos.
La paradoja del abastecimiento sin acceso
Antes de la expansión del sector privado y la entrada en vigor de las medidas gubernamentales, la queja dominante en la calle cubana era la ausencia total de productos en los estantes. Las colas interminables, el mercado negro y el desabastecimiento crónico definían el paisaje cotidiano. Hoy, la situación ha mutado hacia una forma igualmente angustiante de exclusión: los productos están, pero el dinero no alcanza. Expertos en economía han señalado que este modelo de «abastecimiento sin acceso» constituye una manifestación clara de la incapacidad estructural del sistema para generar prosperidad generalizada.
Según análisis de economistas independientes, la inflación en Cuba ha superado ampliamente los incrementos salariales dispuestos por el gobierno cubano en los últimos años. Mientras un salario medio en el sector estatal oscila alrededor de los 4.000 pesos cubanos, productos básicos como aceite, pollo, leche en polvo o productos de aseo personal pueden consumir la totalidad de ese ingreso en una sola compra de mercancías mínimas. La diferencia entre el precio de los bienes y la capacidad de pago de la población se ha convertido en un abismo insalvable.
Las Mipymes, que en teoría debían funcionar como motor de reactivación económica, operan en un entorno marcado por la inestabilidad cambiaria, la falta de crédito, la burocracia asfixiante y la discrecionalidad del régimen en la concesión de licencias y autorizaciones. Estas empresas, muchas de ellas vinculadas a remesas desde el exterior, han logrado importar mercancías y llenar los anaqueles, pero lo han hecho a precios que solo son accesibles para un sector reducido de la población: aquellos con acceso a divisas, remesas familiares o negocios prósperos.
El salario estatal como mecanismo de empobrecimiento
El corazón del problema reside en la política salarial del régimen. El gobierno cubano mantiene un esquema de remuneraciones en el sector estatal —donde se emplea la mayor parte de la fuerza laboral— que resulta manifiestamente insuficiente frente a los precios del mercado. Los incrementos salariales anunciados con bombo y platillo por las autoridades han sido neutralizados por una inflación que ningún organismo oficial se ha atrevido a reconocer con cifras reales y transparentes. La población vive una dualidad perversa: cobra en pesos que se devalúan aceleradamente y debe comprar en un mercado donde los precios se ajustan a la lógica de la oferta, la demanda y la especulación.
La dictadura cubana ha instrumentalizado el discurso del «fortalecimiento del sector estatal» como justificación para mantener el control sobre los salarios, las empresas y el aparato productivo, pero los resultados son evidentes: un sector estatal ineficiente, improductivo y generador de pobreza estructural. Mientras tanto, la apertura parcial al sector privado funciona como una válvula de escape que evita el colapso total del abastecimiento, pero sin resolver las causas profundas de la crisis: la concentración del poder económico en manos del Estado, la ausencia de libertades económicas reales y la falta de un marco jurídico que garantice seguridad jurídica a los emprendedores.
Una reforma sin transformación real
Las 176 medidas fueron presentadas por el régimen de La Habana como un giro estratégico en la política económica. Sin embargo, observadores y analistas coinciden en que se trata de ajustes cosméticos que no alteran el modelo centralizado y planificado que ha llevado a Cuba a la ruina productiva. La permisión de Mipymes, la flexibilización de ciertas actividades comerciales y la apertura parcial a la importación privada no constituyen una reforma estructural, sino parches aplicados a un sistema agotado que el gobierno se resiste a desmontar.
La realidad es que el modelo económico cubano, sustentado en el control absoluto del Estado sobre los medios de producción y la planificación central, ha demostrado durante décadas su incapacidad para generar bienestar. Las 176 medidas no han modificado ese paradigma; simplemente han permitido que un sector reduzca la escasez visible, mientras la mayoría de la población sigue sumida en la pobreza. La diferencia entre antes y ahora no es de prosperidad, sino de forma: se pasó de la ausencia de productos a la imposibilidad de comprarlos.
El contexto en el que operan estas medidas es el de una economía que arrastra décadas de mala gestión, dependencia de aliados externos —primero la URSS, luego Venezuela— y un bloqueo interno del régimen sobre la iniciativa privada que solo ha sido parcialmente levantado bajo la presión de circunstancias extremas. El deterioro de la infraestructura, el colapso del sector azucarero, la caída del turismo, la crisis energética y la emigración masiva configuran un escenario en el que las Mipymes, por sí solas, no pueden revertir el declive generalizado.
Consecuencias y perspectivas
El efecto social de esta política es profundamente desigual. Quienes tienen acceso a remesas o divisas pueden beneficiarse de la oferta ampliada de productos. Pero para la mayoría de los cubanos —pensionistas, trabajadores estatales, profesionales del sector público—, las estanterías llenas son un recordatorio cotidiano de su exclusión económica. La frustración social crece en la misma proporción en que se amplía la brecha entre lo que se ofrece y lo que se puede adquirir. Esta dinámica alimenta el descontento y la emigración, dos fenómenos que el régimen intenta contener con represión y discurso oficialista, pero que continúan erosionando la ya frágil estabilidad social.
La comunidad internacional y los organismos de cooperación económica que observan el proceso cubano deberían exigir al gobierno cubano transparencia en sus indicadores económicos, apertura real del sistema productivo y respeto a las libertades que permitan un desarrollo sostenible. Mientras el régimen mantenga el control hegemónico sobre la economía y reprima cualquier intento de transformación profunda, las medidas que adopte serán insuficientes para revertir el empobrecimiento generalizado. Las estanterías pueden seguir llenándose, pero si los bolsillos siguen vacíos, el único resultado garantizado será la continuidad de la crisis y el sufrimiento de millones de cubanos que esperan, generación tras generación, por un cambio real que el régimen se niega a conceder.
