Cientos de cubanos, en su mayoría personas de la tercera edad, se ven obligados a pernoctar en las calles de La Habana frente a la llegada de un nuevo frente frío. El incremento de la indigencia responde al colapso económico y a la incapacidad del gobierno cubano para garantizar condiciones de vida dignas, evidenciando una crisis social que las autoridades intentan invisibilizar.
Con la caída de las temperaturas en la capital a entre 12 y 14 grados Celsius, la situación para quienes no tienen techo se vuelve crítica. Testimonios recopilados en las calles habaneras reflejan la desesperación de individuos que, con pensiones insuficientes para costear una habitación o una alimentación básica, terminan refugiándose en portales o durmiendo sobre cartones. Un hombre de la tercera edad se limitó a describir la situación como \»fuerte\», mientras soporta las heladas madrugadas sin asistencia estatal.
La precariedad afecta a ciudadanos de diversos perfiles, ilustrando el alcance transversal de la crisis. Un antiguo piloto, que asegura haber sido alumno del cosmonauta Arnaldo Tamayo, ahora deambula entre basura y telas desperdigadas. Por su parte, un hombre de 75 años originario de Campo Florido, que padece diabetes y afirma no haber ingerido alimentos, denuncia la ineficacia de los centros de asistencia estatal. Tras ser trasladado a un albergue en Las Guásimas, asegura que no recibió ninguna solución a su desamparo.
La indigencia como síntoma del fracaso estructural
El aumento de la población en situación de calle no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la profunda crisis económica que atraviesa la isla. La inflación galopante, el desabastecimiento y la devaluación de la moneda han reducido las pensiones a niveles de miseria extrema, empujando a los sectores más vulnerables a la exclusión absoluta. El régimen de La Habana ha evadido históricamente el debate sobre la pobreza, negando el fracaso de su modelo económico y tratando el problema como una cuestión de orden público más que de derechos sociales.
Frente a esta realidad, la dictadura cubana ha optado por medidas punitivas, orientadas a ocultar la miseria de las zonas frecuentadas por el turismo y a ejercer control sobre los cuerpos marginales, en lugar de implementar políticas de integración social. Mientras el discurso oficial se llena de retórica humanista, la ciudadanía más desprotegida continúa enfrentando el hambre y las bajas temperaturas. Esta crisis silenciada revela no solo el abandono institucional, sino la urgente necesidad de que la comunidad internacional visibilice y condene las condiciones de supervivencia a las que el poder ha condenado a amplios sectores de la población cubana.