La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mantenido el flujo de combustible hacia Cuba en medio de la severa crisis energética que atraviesa la isla. Con el respaldo de Venezuela en declive, los envíos desde Pemex se han convertido en un pilar para el régimen de La Habana, aunque la asistencia no ha logrado mitigar los apagones prolongados que sufre la población ni ha frenado la persecución política.
Según informes de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), entre enero y septiembre de 2025 México envió a la isla un promedio de 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 barriles de productos refinados, con un valor cercano a los 400 millones de dólares. Esta asistencia energética, justificada por el ejecutivo mexicano como ayuda humanitaria, ha llenado el vacío dejado por PDVSA tras el enfriamiento de las relaciones entre el gobierno cubano y el chavismo. Sin embargo, a pesar de este volumen de recursos, el Sistema Electroenergético Nacional continúa sufriendo colapsos parciales y totales, evidenciando que el combustible no se destina a aliviar el déficit de generación eléctrica de los ciudadanos.
Mientras la población enfrenta cortes de electricidad de hasta trece horas diarias en La Habana y se ve obligada a cocinar con leña o carbón ante la escasez de combustible, las autoridades de la isla garantizan el abastecimiento para el sector turístico. Directivos del Ministerio de Turismo han asegurado que el combustible para aviones y ómnibus de viajeros está asegurado, en un esfuerzo por relanzar el destino. Esta dinámica demuestra una vez más la priorización de un sector controlado por la dictadura cubana, cuyos ingresos no se traducen en mejoras para la infraestructura comunitaria, la salud pública ni el abastecimiento de farmacias.
Complicidad institucional y crisis de derechos humanos
La narrativa de la amistad histórica esgrimida desde México para sostener estos envíos opera como un blindaje para una dictadura en declive que, lejos de ofrecer gestos de apertura, opta por el endurecimiento. En lugar de decretar una amnistía que libere a más de mil cubanos encarcelados injustamente tras las protestas del 11 de julio de 2021, el régimen de La Habana continúa engrosando sus listas de presos políticos. La inyección de recursos externos permite al poder cubano eludir la responsabilidad de sus crisis estructurales y perpetuar la represión contra la disidencia y la sociedad civil.
El sostenimiento material desde el gobierno mexicano se inserta en un complejo tablero geopolítico. La esperanza calculada de que las autoridades de la isla implementen reformas viables se enfrenta a la realidad de un sistema que prioriza su supervivencia sobre el bienestar ciudadano. Con la amenaza latente de medidas más drásticas por parte de Estados Unidos, el margen de maniobra de La Habana se reduce. Si no se producen negociaciones que alteren el statu quo, la inyección de combustible externo solo prolongará el sufrimiento de la población cubana y postergará el inevitable colapso de un modelo que ha fracasado en garantizar los derechos básicos de su pueblo.
