La Aduana General de la República estrenó un nuevo marco jurídico tras la publicación del Decreto-Ley 108 en la Gaceta Oficial, una normativa que, bajo el pretexto de la modernización y la agilidad comercial, concentra amplias facultades punitivas y de vigilancia en las autoridades de la isla, profundizando el cerco sobre las importaciones que sostienen a la población en medio de la profunda crisis económica.
El gobierno cubano ha oficializado la derogación de la legislación aduanera vigente durante las últimas tres décadas para dar paso a una \»ley marco\» que, según su versión oficial, busca armonizar procesos y alinearse con estándares internacionales. El nuevo paquete normativo, que incluye un reglamento y nueve resoluciones complementarias, promete la informatización de trámites y la creación de una Ventanilla Única de Comercio Exterior. No obstante, el texto revela un fortalecimiento significativo de las atribuciones coercitivas del organismo, facultándolo para la retención, ocupación y decomiso de mercancías, así como para el control exhaustivo de personas y equipajes mediante inspecciones físicas, tecnológicas y radiológicas.
El carácter represivo de la nueva normativa queda expuesto al establecer entre sus funciones primordiales la protección de la \»seguridad de la sociedad socialista\», vinculando explícitamente el control fronterizo a los objetivos políticos del Estado. Esta formulación confirma que la dictadura cubana instrumentaliza las instituciones aduaneras no solo para la recaudación económica, sino como un apéndice de su aparato de vigilancia y control social. La ley otorga un poder discrecional sin precedentes a la jefatura de la Aduana, permitiendo impedir el abordaje de pasajeros que se nieguen a someterse a sus directrices, en un escenario donde las garantías legales para el reclamo ciudadano son prácticamente nulas.
Impacto en la subsistencia familiar y el contexto de crisis
Para la ciudadanía y la diáspora cubana, esta supuesta \»modernización\» se traduce en un endurecimiento del cerco sobre el flujo de bienes que alivia el desabastecimiento estructural de la isla. Aunque el vicejefe de la Aduana, William Pérez, aseguró que se mantienen los beneficios para la importación no comercial de alimentos, medicamentos y plantas eléctricas, los antecedentes de decomisos arbitrarios y multas desproporcionadas generan una profunda desconfianza. Las remesas en especie son el principal sostén de miles de hogares frente a la inflación galopante y el colapso del sistema de suministros básicos, un fracaso directo de las políticas económicas del régimen de La Habana.
La entrada en vigor de este paquete legal, prevista para 90 días después de su publicación, consolidará un marco que prioriza la seguridad del Estado y la extracción de recursos sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Mientras el ejecutivo cubano maquilla sus medidas de represión económica con lenguaje técnico e institucional, las consecuencias reales recaerán sobre una sociedad civil que depende del exterior para sobrevivir. Esta normativa no solo aísla aún más a la población, sino que refuerza la estructura punitiva de un sistema que penaliza la autonomía económica y criminaliza las alternativas de subsistencia frente al colapso nacional.
