La organización Cuba Demanda Inc. presentó una denuncia constitucional formal contra Miguel Díaz-Canel y varias instituciones estatales, exigiendo la activación del estado de emergencia en la isla debido a la profunda crisis humanitaria y el fracaso en la prestación de servicios públicos esenciales.
El documento, encabezado por Santiago A. Alpízar, presidente de la entidad, fue dirigido a la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Tribunal Supremo Popular, además de diversas representaciones diplomáticas. La iniciativa fundamenta su petición en el artículo 128, inciso k, de la Constitución vigente, argumentando que el ejecutivo cubano ha perdido toda capacidad para garantizar la vida, la integridad física y la paz social de los ciudadanos.
En el texto, los firmantes detallan que el país atraviesa un estado de desastre nacional materializado en el colapso total del sistema de salud, la crisis energética y alimentaria, y la escasez estructural de combustible. La incapacidad de las autoridades de la isla para resolver estas carencias básicas evidencia la responsabilidad directa del régimen en el deterioro acelerado de las condiciones de vida, que ha desencadenado un masivo éxodo migratorio y una creciente inestabilidad social.
Asimismo, la denuncia expone el impacto de la cooperación militar cubana en Venezuela, señalando cómo esta alianza ha contribuido al aislamiento internacional y agravado la crisis interna. Paralelamente a la presentación del recurso, Cuba Demanda Inc. ha convocado a la diáspora y a los ciudadanos dentro del país a sumarse a la iniciativa mediante una campaña de recolección de firmas en sus plataformas digitales, bajo los lemas #DiazCanelRenuncia y #ElCambioEsYa.
Una exigencia desde la soberanía popular
La organización, que aboga por una transición pacífica hacia una democracia representativa, interpela a la dictadura cubana apelando al ejercicio directo de la soberanía popular. Aunque es previsible que el aparato represivo del Estado ignore la demanda o intente silenciar a sus promotores, esta acción civil marca un precedente de exigibilidad jurídica frente al poder. El resultado de esta campaña no solo pondrá a prueba la voluntad de cambio de la sociedad civil, sino que también servirá como un nuevo termómetro para la comunidad internacional sobre la urgencia de un cambio democrático real en la isla.
