Un documento interno filtrado recientemente detalla un protocolo de la Red Nacional sobre Cuba (NNOC) para coordinar protestas frente a oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bases militares y edificios federales en Estados Unidos, en caso de una confrontación bélica con la dictadura cubana. El plan expone la estrategia de movilización de estas organizaciones y sus vínculos con organismos del régimen de La Habana sancionados por Washington.
El texto, titulado «Plan Nacional de Respuesta Rápida», fue distribuido entre los organizadores de la coalición con el objetivo de activar una movilización nacional en un plazo de 24 horas ante una eventual escalada militar entre Washington y la dictadura cubana. Las directrices instruyen a los grupos locales a dirigir sus acciones hacia tres categorías principales: instituciones federales como tribunales y edificios gubernamentales, centros de reclutamiento e instalaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y centros de detención y oficinas del ICE.
El protocolo justifica específicamente la elección de las instalaciones del ICE como blanco de protestas. Según el documento, las manifestaciones en estos centros permitirían «conectar la solidaridad con Cuba» con las campañas de defensa de los inmigrantes y el movimiento anti-ICE que se desarrolla a nivel nacional. Para facilitar la logística de estas acciones, el plan sugiere a los organizadores utilizar un localizador de instalaciones militares elaborado por la organización Black Alliance for Peace.
Estrategia de presión y vínculos con el aparato de influencia del régimen
El documento también incorpora una guía de «power mapping», una metodología de organización destinada a identificar sindicatos, grupos comunitarios y aliados potenciales en cada localidad para ampliar la capacidad de convocatoria. Como objetivo adicional de alta visibilidad, el plan recomienda organizar acciones de protesta en estadios deportivos durante eventos de gran convocatoria.
La revelación de este plan de movilización cobra especial relevancia al constatarse los lazos documentados que mantiene la NNOC —una coalición que agrupa a más de 70 organizaciones en EE. UU.— con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Este organismo estatal, instrumento clave de la propaganda e inteligencia de la dictadura cubana en el exterior, fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, catalogó recientemente al ICAP como el principal «frente de influencia e inteligencia» del régimen de La Habana, advirtiendo que quienes mantengan relaciones o realicen transacciones con esta entidad podrían enfrentar sanciones federales, procesos judiciales o deportación.
La filtración de estos documentos evidencia cómo las autoridades de la isla instrumentalizan redes de activismo en el exterior para desviar la atención de su propia crisis estructural, caracterizada por la represión sistemática, el colapso económico y la falta de libertades fundamentales. Ante este escenario, la exposición de este protocolo podría traducirse en un escrutinio más severo por parte de las autoridades estadounidenses hacia la NNOC y sus afiliados, así como en un endurecimiento de las medidas legales contra quienes operen como extensiones de los intereses de la dictadura en territorio norteamericano.
