El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró durante una reunión gubernamental que el país es capaz de «hacer cosas mejores en medio de la crisis que en tiempos de bonanza», una declaración que contrasta abruptamente con los datos ofrecidos por su propio equipo: más de 800.000 cubanos se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero la asistencia social apenas llega a unos 300.000, dejando a más de medio millón de personas sin cobertura estatal.
Las declaraciones del mandatario se produjeron en el marco de una reunión del Consejo de Ministros celebrada en La Habana, donde se abordó la situación social y económica de la isla. Durante su intervención, Díaz-Canel intentó articular un discurso optimista frente a una realidad marcada por la escasez generalizada, la inflación galopante y el deterioro acelerado de las condiciones de vida de la población.
Sin embargo, las cifras expuestas durante la propia reunión desmontan la narrativa oficial. Según reconoció el Gobierno, existen más de 800.000 cubanos clasificados como vulnerables, una cifra que representa aproximadamente el 7% de la población total de la isla. De ellos, apenas 300.000 reciben algún tipo de asistencia social, lo que significa que cerca de 500.000 personas quedan excluidas de cualquier red de protección estatal.
El desfase entre el discurso y la realidad social
La afirmación de Díaz-Canel de que «en medio de esta crisis podemos hacer cosas mejores que en tiempos de bonanza» ha generado indignación entre sectores de la sociedad civil y analistas independientes, quienes consideran que las palabras del gobernante reflejan una desconexión profunda entre la dirigencia y el pueblo cubano. Mientras el régimen de La Habana insiste en hablar de oportunidades y transformaciones, las familias cubanas se enfrentan diariamente a la imposibilidad de acceder a alimentos básicos, medicinas y servicios esenciales.
El desfase entre el discurso oficial y la realidad material es especialmente evidente en el ámbito de la asistencia social. Las autoridades cubanas han reconocido que el sistema de protección social, otrora presentado como uno de los logres fundamentales de la Revolución, se encuentra colapsado. La falta de recursos, la burocracia y la ineficiencia administrativa han convertido lo que fue una red de seguridad en una estructura incapaz de responder a las necesidades más básicas de la población.
Los datos revelados durante la reunión gubernamental confirman lo que numerosos informes independientes y testimonios de ciudadanos han venido denunciando desde hace años: la población cubana se encuentra en una situación de precariedad sin precedentes. La cifra de 800.000 personas vulnerables, además, podría ser conservadora si se consideran los criterios de pobreza utilizados por organismos internacionales, algo que el gobierno cubano ha evitado sistemáticamente hacer.
El colapso estructural de la economía cubana
La crisis que atraviesa Cuba no es un fenómeno coyuntural sino el resultado de décadas de políticas económicas fallidas, centralización extrema y falta de libertades para la iniciativa privada. El régimen de La Habana ha culpado tradicionalmente de la situación al embargo de Estados Unidos, pero cada vez más sectores dentro y fuera de la isla reconocen que el modelo económico cubano tiene responsabilidades directas en el deterioro de las condiciones de vida.
La caída del turismo, la reducción de los envíos de remesas, la crisis energética con apagones prolongados y la inflación que ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios han conformado un escenario de empobrecimiento masivo. El salario medio estatal, que ronda los 4.000 pesos mensuales, resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia, considerando que el costo de una canasta básica mensual supera ampliamente esa cifra.
En este contexto, la afirmación de Díaz-Canel sobre la posibilidad de «hacer cosas mejores» resulta especialmente provocadora para una población que ha visto cómo sus condiciones materiales se han deteriorado de manera sostenida durante los últimos años. Las promesas de transformación y modernización económica que acompañaron la llamada «Tarea Ordenamiento» en 2021 no se han materializado, y en cambio, las medidas adoptadas han profundizado la desigualdad y la pobreza.
La asistencia social como espejo del fracaso del modelo
El hecho de que más de 500.000 cubanos vulnerables no reciban asistencia social evidencia el fracaso de un sistema que durante décadas se legitimó internacionalmente a través de la retórica de la equidad y la justicia social. La dictadura cubana construyó gran parte de su capital simbólico en la idea de que el Estado garantizaba el bienestar de todos los ciudadanos, pero los datos actuales demuestran que esa promesa se ha convertido en una ficción insostenible.
Los programas de asistencia social en Cuba han sufrido recortes progresivos a medida que la economía se contraía. Las pensiones, que ya eran insuficientes, han perdido prácticamente todo su valor real frente a la inflación. Los subsidios a productos de primera necesidad han sido eliminados o reducidos drásticamente, y los programas de alimentación escolar y hospitalaria se han deteriorado hasta niveles que generan preocupación incluso entre funcionarios del propio sistema.
La situación de los grupos más vulnerables —ancianos, personas con discapacidad, madres cabeza de familia y niños— es particularmente alarmante. Numerosos testimonios recogidos por medios independientes documentan casos de personas mayores que viven en condiciones de abandono, sin acceso a alimentación adecuada ni atención médica, en un país donde el envejecimiento poblacional es uno de los más acelerados de América Latina.
Implicaciones políticas y perspectivas
El discurso de Díaz-Canel parece responder a la necesidad del gobierno cubano de mantener una narrativa que justifique la continuidad del modelo ante una población cada vez más descontenta y descreída. Sin embargo, la brecha entre las palabras y la realidad se ha vuelto tan amplia que incluso sectores tradicionalmente leales al régimen han comenzado a expresar críticas, aunque de manera contenida.
La comunidad internacional, por su parte, mantiene una posición dividida frente a la situación cubana. Mientras algunos gobiernos y organismos continúan priorizando el diálogo diplomático con las autoridades de la isla, sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de exigir al régimen de La Habana transparencia en la gestión de los recursos y rendición de cuentas sobre las condiciones de vida de la población.
Lo que queda claro tras las declaraciones de Díaz-Canel es que el gobierno cubano parece más preocupado por mantener la apariencia de control y normalidad que por abordar las causas profundas de la crisis. Mientras medio millón de cubanos vulnerables permanezcan sin asistencia social, las afirmaciones sobre «hacer cosas mejores en medio de la crisis» sonarán, para la mayoría de la población, como una burla cruel frente a una realidad que el poder parece decidido a no reconocer.
