La desesperación de los habitantes de barrios marginados de La Habana ha estallado ante la extorsión sistemática de funcionarios de la Unión Eléctrica (UNE), quienes cobran sobornos en dólares para mantener o restablecer el servicio. Las protestas en Calabazar y otras localidades evidencian el colapso institucional del régimen de La Habana y su respuesta habitual: la represión policial contra los ciudadanos que se atreven a denunciar la corrupción y el abandono.
En la localidad de Calabazar, situada al suroeste de la capital cubana, la paciencia ciudadana ha llegado a un punto de quiebre insostenible. Residentes de la zona, sometidos a cortes de electricidad que superan las 24 e incluso 36 horas de forma continua, decidieron enfrentar directamente a los trabajadores de la Unión Eléctrica ante la evidencia irrefutable de una corrupción galopante. Durante el altercado, vecinos acorralaron a dos linieros en su vehículo, al cual le perforaron los neumáticos para evitar su huida. La inspección del automóvil por parte de la muchedumbre reveló grandes sumas de dinero, tanto en dólares estadounidenses como en pesos cubanos, presuntamente acumuladas mediante el cobro de sobornos a residentes y dueños de negocios locales a cambio de no desconectarlos o de incluirlos en circuitos con suministro garantizado.
La modalidad de extorsión, lejos de ser un secreto a voces, se ha institucionalizado en medio de la profunda crisis energética que sufre la nación. Los trabajadores encargados de la red eléctrica han instaurado una tarifa ilegal que ronda los 200 dólares para reconectar viviendas o incluirlas en los denominados «circuitos priorizados». En localidades aledañas como Callejas, la situación alcanza niveles de cinismo institucional sin precedentes. Vecinos han denunciado públicamente que los operarios de la UNE retiraron un transformador que se encontraba en perfecto estado para luego exigir un rescate de 2.000 dólares por su reinstalación. Ante la absoluta pasividad de las autoridades municipales y del presidente del Consejo, que ignoran sistemáticamente las quejas formales, la población asiste impotente al deterioro acelerado de sus condiciones de vida, con alimentos perdidos en neveras apagadas, noches de insomnio debido al calor y los mosquitos, y enfermedades gastrointestinales propagadas por el consumo de agua sin hervir.
La indignación ha trascendido el reclamo por servicios básicos y ha derivado en un estallido social en múltiples periferias de la capital. Barrios como La Güinera, Mantilla, el Reparto Eléctrico, así como extensas zonas de Boyeros, San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo —territorios donde la mayoría de la población es clasificada como extremadamente pobre— han sido escenario de cacerolazos, barricadas con basura incendiada y marchas que exigen no solo el restablecimiento del servicio, sino libertad y el fin de la dictadura. Paradójicamente, estos episodios de rebelión cívica ocurrieron de manera simultánea a la visita de una comisión gubernamental encabezada por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, a escasos metros de los focos de protesta en La Güinera, evidenciando el desapego absoluto de la dirigencia con la realidad cotidiana que sufren los cubanos.
La furia popular encuentra un combustible adicional en la escandalosa desigualdad del sistema de distribución eléctrica. Mientras vastos sectores populares permanecen sumidos en la oscuridad por días, los circuitos «priorizados» gozan de servicio continuo. Estos incluyen, convenientemente, instalaciones militares como el Estado Mayor del Ejército Occidental, lavanderías vinculadas al conglomerado empresarial militar GAESA y, por supuesto, las viviendas de los propios directivos de la UNE. Esta brecha de privilegio, donde el negocio particular o la panadería que paga el soborno tiene luz y el hogar humilde que no puede hacerlo vive en la penumbra, ha destruido cualquier atisbo de confianza en la institucionalidad del gobierno cubano. Las dificultades con las conexiones a internet, prácticamente nulas durante los apagones, han impedido la transmisión en tiempo real de la magnitud de estas protestas, pero los testimonios que logran filtrarse confirman un nivel de desesperación inédito.
Fuentes anónimas dentro de la propia UNE han desmentido la versión oficial que intenta presentar estos hechos como casos aislados de corrupción. Según estos testimonios, la decisión de realizar los cortes de energía de manera manual y por circuitos, en lugar de por bloques y a distancia, fue una directriz política emanada del Partido Comunista. El objetivo subyacente era fragmentar las zonas afectadas para dificultar la organización de manifestaciones masivas, bajo la premisa de que un circuito abarca menos territorio y población que un bloque entero. Sin embargo, la estrategia ha fracasado rotundamente, generando no solo una mayor indignación, sino también nuevas vetas de enriquecimiento ilícito para los operarios que tienen el control físico de las conexiones. La medida ha escalado la tensión a episodios de violencia cuando los reclamos son ignorados, revelando la evidente complicidad de las autoridades locales.
Ante la magnitud de la protesta, la respuesta del Estado no ha sido combatir la corrupción estructural, sino silenciar a los denunciantes. Bajo los eufemismos legales de «vandalismo», «atentado», «sabotaje» y «acciones contra la seguridad del Estado», la dictadura ha desplegado un fuerte operativo policial en Calabazar y zonas aledañas, resultando en al menos una decena de detenciones arbitrarias. Los arrestados no son delincuentes comunes, sino ciudadanos que, ante la burla institucional y la extorsión directa, decidieron exigir sus derechos y exponer el delito con pruebas en mano. La criminalización de la protesta social es la constante de un sistema que prefiere reprimir antes que rectificar sus fallas estructurales y admitir su incapacidad para gobernar.
El acoso estatal no se limita a las detenciones físicas en las calles. La represión también se ejerce de manera selectiva en el ámbito digital y comunitario. Jóvenes madres y activistas comunitarios que han utilizado las redes sociales para documentar la complicidad entre la policía, las autoridades territoriales y los directivos de la UNE, han sido blanco de amenazas directas. Agentes policiales han visitado sus hogares para advertirles sobre supuestas condenas de prisión si continúan difundiendo información sobre el manejo oscuro de la crisis energética. Este clima de intimidación busca aislar a los líderes naturales de las comunidades, infundir terror y evitar que la indignación local se articule como un movimiento nacional de resistencia civil.
Contexto: El colapso estructural de la isla
La crisis eléctrica que sufre Cuba no es un fenómeno coyuntural, sino la culminación de décadas de desinversión, falta de mantenimiento y mala gestión centralizada por parte del régimen de La Habana. La obsolescencia de las termoeléctricas nacionales, la escasez crónica de combustible y la dependencia de aliados externos han convertido el servicio de electricidad en un lujo intermitente para la mayoría de la población. A esto se suma una profunda crisis económica y social, caracterizada por una inflación galopante que ha destruido el poder adquisitivo del salario real, empujando a amplios sectores de la población a la marginalización y a la necesidad de recurrir a ilegalidades o «inventos» para sobrevivir. En este vacío institucional, la corrupción ha florecido como un mecanismo de enriquecimiento para aquellos que detentan el control de los recursos básicos. El gobierno cubano, atrapado en su propia ineficiencia, ha perdido el monopolio de la gestión pública, permitiendo que mafias internas dentro de empresas estatales como la UNE operen con impunidad mientras la ciudadanía común soporta el peso del colapso.
Cierre
Los sucesos de Calabazar son un termómetro preciso de la presión social que respira la sociedad cubana actual. La población ha comenzado a perder el miedo a las consecuencias de alzar la voz frente a un sistema que los estrangula económicamente y los reprime políticamente. La narrativa oficial, que intenta reducir la indignación popular a meros actos de vandalismo, se desmorona ante la evidencia de una extorsión sistémica amparada por las estructuras de poder del Estado. La verdadera seguridad nacional no se garantiza arrestando a ciudadanos hartos de los apagones, sino garantizando el acceso a servicios básicos y erradicando la impunidad de los funcionarios. Mientras la dictadura persista en criminalizar el hambre, la sed y la falta de luz, la chispa de la protesta seguirá encendiéndose en cada rincón de la isla, demostrando que la dignidad del pueblo cubano está intacta.
