La desesperación de los habitantes de la periferia habanera ha llegado a un punto de quiebre. Tras semanas de apagones inducidos y extorsiones sistemáticas por parte de la Unión Eléctrica (UNE), los vecinos de Calabazar salieron a las calles para enfrentar el abuso, desenmascarando una red de sobornos que evidencia la profunda corrupción institucional del régimen de La Habana. La respuesta del gobierno cubano no ha sido solucionar la crisis, sino desplegar un operativo policial para reprimir a quienes se atreven a exigir dignidad.
En la pequeña localidad de Calabazar, situada al suroeste de la capital, la paciencia ciudadana colapsó ante lo que ya se considera un negocio criminal disfrazado de crisis energética. Los residentes, hartos de soportar cortes de electricidad que superan las 24 horas de forma continua, decidieron tomar la justicia por su mano frente a la absoluta pasividad de las instituciones. La chispa se encendió cuando un grupo de linieros de la UNE fue acorralado por la comunidad. A pedradas y golpeando uno de los vehículos oficiales —cuyos neumáticos fueron pinchados para impedir la huida—, los manifestantes lograron reducir a los trabajadores. El hallazgo dentro del automóvil fue contundente: grandes sumas de dinero, tanto en dólares estadounidenses como en pesos cubanos, que presuntamente provenían de los sobornos exigidos a los residentes y propietarios de negocios locales.
La modalidad de extorsión es tan burda como efectiva en un estado de necesidad absoluta. Según testimonios de los afectados, los trabajadores de la UNE exigen el pago regular de 200 dólares para reconectar las viviendas a los llamados «circuitos priorizados» o, simplemente, para pasar de largo y no ejecutar la desconexión. La situación se agrava con casos de verdadero secuestro de infraestructura pública, como ocurrió en la cercana localidad de Callejas. Allí, los propios trabajadores de la UNE se llevaron un transformador que funcionaba perfectamente, para luego regresar y exigir un rescate de 2.000 dólares para reinstalarlo. Ante la negativa o incapacidad de pago, la oscuridad se impone como castigo, dejando a las familias en la más absoluta vulnerabilidad.
Las consecuencias de este saqueo energético son devastadoras para la población más humilde. Los apagones prolongados, que en algunos casos superan las 36 horas seguidas de oscuridad intercaladas con apenas dos o tres horas de servicio —conocidos popularmente como «alumbrones»—, significan la pérdida total de los alimentos refrigerados, noches de insomnio debido al calor sofocante y los mosquitos, y un aumento alarmante en las enfermedades gastrointestinales por la imposibilidad de hervir el agua. Todo esto ocurre en barrios donde la mayoría de la población clasifica en los niveles de extrema pobreza, obligados a sobrevivir mediante economías informales y «inventos» que ahora también se ven lastrados por la falta de electricidad.
El estallido de Calabazar no es un hecho aislado, sino el síntoma más visible de una crisis que se extiende como un reguero de pólvora por la periferia capitalina. Barrios de Boyeros, San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo han sido escenarios de protestas masivas en las últimas semanas. En La Güinera, por ejemplo, los cacerolazos y las hogueras con basura acumulada en las calles se han convertido en la única forma de hacer oír el reclamo. Los manifestantes ya no piden solo luz y agua; las consignas han escalado hacia la exigencia de libertad y el fin de la dictadura, lo que ha derivado en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y el bloqueo físico de los carros de la UNE en puntos como la carretera de El Cuervo.
La indignación ciudadana se multiplica ante la evidencia escandalosa de la desigualdad impuesta por el régimen. Mientras que en barrios como el Reparto Eléctrico los cortes son permanentes, los circuitos denominados «priorizados» gozan de un servicio estable. Estos circuitos no alojan a ciudadanos comunes, sino instalaciones militares como el Estado Mayor del Ejército Occidental, lavanderías vinculadas al monopolio empresarial GAESA y, «casualmente», las viviendas de los propios directivos de la UNE. Esta especie de apartheid energético demuestra que el gobierno cubano prioriza la seguridad de sus élites y de sus aparatos represivos por encima del bienestar básico de la población.
La actual estrategia de cortes manuales por circuitos, en lugar de los tradicionales cortes a distancia por bloques, responde a un cálculo puramente político. Fuentes anónimas dentro de la propia UNE han confirmado que la orientación provino de la cúpula del Partido Comunista. La lógica perversa del régimen era fragmentar los apagones para evitar que grandes extensiones de territorio quedaran a oscuras simultáneamente, lo cual facilitaba la organización de manifestaciones masivas. Sin embargo, esta medida no solo ha fracasado en su objetivo de contener la protesta social, sino que ha incentivado nuevas formas de corrupción, otorgando a los linieros un poder absoluto y discrecional sobre el suministro de energía a nivel microlocal.
Ante la magnitud de los hechos de Calabazar, la maquinaria propagandística del régimen ha intentado minimizar el daño. La UNE emitió un comunicado oficial calificando el incidente como un «caso aislado» de corrupción, prometiendo acciones disciplinarias contra los dos linieros detenidos. Nada más lejos de la realidad. La extorsión energética es una práctica normalizada y estructural, conocida y tolerada por los directivos de la empresa y por las autoridades del Gobierno municipal, quienes han ignorado sistemáticamente las quejas de los ciudadanos. La pretensión de vender la imagen de unas «manzanas podridas» resulta insultante frente a un sistema que se pudre en su totalidad desde sus cimientos.
Mientras la UNE maquilla su imagen, la dictadura ha actuado con su habitual brutalidad. En la zona de Calabazar, bajo el eufemismo de mantener el orden, se ha desplegado un fuerte operativo policial que ha resultado en una decena de detenciones arbitrarias. Los ciudadanos que tuvieron el valor de enfrentar el abuso y exhibir las pruebas del soborno son ahora acusados de «vandalismo», «atentado», «sabotaje» y «acciones contra la seguridad del Estado». A esto se suman las amenazas directas a quienes intentan visibilizar la crisis en redes sociales, como el caso de una joven madre advertida por la Policía de ir a prisión si continuaba denunciando la complicidad institucional.
El colapso del modelo energético y la crisis estructural en Cuba
Para comprender la magnitud de los hechos ocurridos en La Habana, es indispensable observar el contexto nacional. El sistema electroenergético cubano se encuentra en un estado de colapso terminal, producto de décadas de falta de mantenimiento, envejecimiento de las termoeléctricas y una incapacidad estructural del régimen para invertir en infraestructura básica. La dependencia de generadores de grupo electrógeno, que operan con combustibles de pésima calidad, ha agravado la situación, llevando al país a sufrir apagones que en provincias orientales como Santiago de Cuba o Guantánamo superan los tres o cuatro días continuos sin suministro.
En este escenario de déficit de generación, la distribución de la energía se ha convertido en un arma de control político y una fuente de enriquecimiento ilícito para los funcionarios de base. El gobierno cubano, carente de soluciones reales, ha optado por administrar la miseria. La falta de transparencia en la gestión de los recursos, sumada a la ausencia de mecanismos de control ciudadano, crea el caldo de cultivo perfecto para la corrupción que ahora estalla en las calles. El régimen de La Habana sabe que la población está al borde del abismo, y su única respuesta es el aumento de la presencia policial y la criminalización de la protesta social.
Las visitas de altas figuras del régimen, como el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, a zonas conflictivas como La Güinera el mismo día de los hechos de Calabazar, evidencian el nerviosismo de la cúpula. Sin embargo, estas giras se limitan a una teatralidad política que no aporta soluciones materiales. La realidad es que la clase dirigente vive ajena a los apagones, protegida por circuitos blindados, mientras el ciudadano común debe decidir entre pagar un soborno que no puede costear o ver cómo su familia sobrevive en la más absoluta precariedad.
La dignidad como única respuesta ante el abuso
Los sucesos de Calabazar marcan un punto de inflexión en la forma en que la sociedad civil cubana se relaciona con el aparato represivo y corrupto del Estado. La decisión de los vecinos de rodear el vehículo de la UNE y exigir rendición de cuentas es un acto de desobediencia civil que rompe el miedo impuesto durante décadas. Ya no basta con presentar quejas en las oficinas del Gobierno municipal, donde los ciudadanos son ridiculizados; la respuesta ahora viene desde la base, desde el barrio unido que decide defender su derecho a una vida digna.
El régimen cubano debe entender que la represión y las acusaciones de «sabotaje» no apagarán el hambre ni enfriarán los hogares en pleno verano. La chispa de Calabazar, Mantilla y La Güinera es la evidencia más cruda de que el modelo totalitario ha fracasado en su faceta más básica: garantizar la supervivencia de su población. Mientras la dictadura se empeña en mantener el control a través del hambre, la oscuridad y el soborno, el pueblo cubano comienza a trazar el camino hacia su propia liberación, demostrando que la dignidad, incluso en la más profunda oscuridad, es inextinguible. Cuba necesita más ciudadanos con la valentía de los habitantes de Calabazar; personas dispuestas a enfrentar el abuso y a exigir que el país les pertenezca a ellos y no a una cúpula militar y corrupta.
