LA HABANA, Cuba. — Vecinos de la localidad de Calabazar, al suroeste de La Habana, protagonizaron un enfrentamiento directo contra trabajadores de la Unión Eléctrica (UNE) tras descubrir un esquema de extorsión que los mantenía sin servicio eléctrico durante más de 24 horas diarias. Los ciudadanos, hartos de la indolencia institucional, acorralaron a los linieros y decomisaron grandes sumas de dinero en dólares y pesos cubanos, evidenciando una práctica de sobornos para evitar los cortes de energía o reubicar transformadores, en medio de una profunda crisis estructural que el régimen de La Habana intenta ocultar.
El estallido social ocurrió cuando residentes de la zona interceptaron un vehículo de la UNE, inutilizando los neumáticos para evitar la fuga de los trabajadores. Según testimonios de testigos presenciales, los linieros portaban en el interior del automóvil cuantiosas sumas de divisas y moneda nacional, presuntamente obtenidas como soborno de propietarios de negocios y vecinos para ser incluidos en los denominados «circuitos priorizados» o, simplemente, para que los funcionarios pasaran por alto la desconexión manual de sus viviendas. La acción comunitaria se produjo tras semanas de quejas ignoradas por las autoridades de la isla.
La modalidad de corrupción ha generado una indignación generalizada en barriadas como Callejas y el Reparto Eléctrico, donde los cortes superan las 36 horas seguidas, alternando con «alumbrones» de apenas dos o tres horas. Vecinos denunciaron que los trabajadores de la UNE operan con total impunidad, llegando al extremo de «secuestrar» transformadores en buen estado para luego exigir rescates económicos. «Descaradamente nos pidieron que organizáramos una colecta de 2.000 dólares para ponernos el transformador. Se lo llevaron diciendo que estaba roto, pero era un secuestro», relató una residente que además posee un pequeño negocio, evidenciando cómo la desesperación es aprovechada para el enriquecimiento ilícito amparado por directivos de la empresa.
La rabia popular ha crecido al constatar las marcadas diferencias en la distribución del servicio. Mientras que manzanas enteras que albergan instalaciones militares, como el Estado Mayor del Ejército Occidental, o negocios de la corporación GAESA —como una lavandería para el turismo y unidades militares—, gozan de electricidad continua, las zonas empobrecidas sufren la desconexión sistemática. Las viviendas de los propios directivos de la UNE también se encuentran «casualmente» en estos circuitos blindados frente a los apagones, una situación que los pobladores han hecho pública en redes sociales antes de que la censura digital, agudizada por los propios cortes eléctricos, silencie sus denuncias.
La tensión en la periferia capitalina alcanza niveles críticos. El mismo día del incidente en Calabazar, una comisión del Consejo de Defensa Nacional, encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, visitó el cercano barrio de La Güinera. Sin embargo, la presencia oficial no detuvo las protestas. En esta localidad y en tramos como la carretera de El Cuervo, cerca de Mantilla, los ciudadanos han cercado con sus cuerpos los carros de la UNE, protagonizado cacerolazos, incendios de basura acumulada y marchas que ya no solo reclaman luz y agua, sino que exigen el fin de la dictadura.
Ante la magnitud de los hechos, la Unión Eléctrica emitió un comunicado oficial intentando minimizar los eventos como un «caso aislado» de corrupción. No obstante, trabajadores de la propia empresa, bajo condición de anonimato, han confirmado que la crisis es el resultado de una decisión política del Partido Comunista. El gobierno cubano habría ordenado el rediseño de los apagones por circuitos manuales en lugar de por bloques automatizados, con el objetivo de evitar la concentración de personas y manifestaciones masivas. Esta medida, lejos de aliviar la crisis, ha abierto nuevas vías para el soborno y ha escalado la violencia social.
Contexto de una crisis estructural
La situación en Calabazar y otras barriadas de Boyeros, San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa del colapso del sistema energético nacional. Durante años, el régimen de La Habana ha postergado el mantenimiento de las termoeléctricas, desviando recursos hacia sectores turísticos y de control represivo, mientras la infraestructura de transmisión envejecía sin una estrategia de inversión sostenida. El déficit de generación eléctrica supera actualmente la mitad de la demanda pico en horas críticas, lo que obliga a las autoridades a aplicar cortes rotativos que asfixian a la población.
A esta crisis de infraestructura se suma la precariedad extrema de la periferia capitalina. Las zonas afectadas concentran a la población clasificada en los estratos más bajos de pobreza, donde la supervivencia depende de la economía informal y de la reventa de servicios. En este contexto, el cobro de 200 dólares —una fortuna inalcanzable con el salario promedio cubano— para mantener la electricidad representa un abuso que atenta contra la dignidad y la vida misma, especialmente para pacientes vulnerables que ven cómo los alimentos se pudren en los refrigeradores y el consumo de agua sin hervir propaga enfermedades gastrointestinales.
Antecedentes de represión y malestar social
El malestar por el colapso de los servicios públicos es un caldo de cultivo que ha alimentado la protesta social en Cuba de manera recurrente. Las autoridades municipales y los presidentes de los Consejos de Defensa han recibido quejas durante semanas sin ofrecer soluciones, limitándose a la indolencia burocrática o, en el peor de los casos, burlándose de los reclamantes. La impunidad con la que operan los funcionarios de base refleja la descomposición de un sistema donde la corrupción se ha convertido en el mecanismo de supervivencia ante los salarios devaluados, pero donde el ciudadano común carece de toda protección legal frente a la extorsión institucionalizada.
Los intentos de silenciar las denuncias también forman parte de la estrategia gubernamental. Jóvenes madres que han reportado en redes sociales la presunta complicidad entre la Policía, los trabajadores encargados de los cortes eléctricos y los directivos de la empresa, han recibido amenazas directas de agentes del orden, quienes les han advertido que irán a prisión si continúan exponiendo la corrupción. Esta censura demuestra que el problema no es meramente técnico, sino profundamente político.
Consecuencias y respuesta del régimen
La respuesta de la dictadura cubana ante el estallido en Calabazar ha sido la represión sistemática. Bajo acusaciones prefabricadas de «vandalismo», «atentado», «sabotaje» y «acciones contra la seguridad del Estado», las fuerzas del orden han desplegado un operativo en la zona, ejecutando detenciones arbitrarias contra una decena de ciudadanos. La única «infracción» de estos individuos fue reaccionar contra el abuso, visibilizar la corrupción con pruebas irrefutables y tomar acciones directas frente a la inoperancia de las instituciones encargadas de velar por sus derechos.
La criminalización de la protesta social y el silenciamiento de quienes exigen un servicio digno auguran un escenario de mayor inestabilidad política y social. Mientras el ejecutivo cubano intente contener el descontento con la represión policial y no con la solución de la crisis energética y la erradicación de la corrupción, la isla se encamina hacia un ciclo inevitable de confrontación. La impunidad de los funcionarios de la UNE y la represión a los ciudadanos que defienden sus derechos básicos evidencian que el colapso no es solo eléctrico, sino del propio modelo de gobernanza impuesto a la fuerza.
