Residentes de Calabazar, al suroeste de La Habana, protagonizaron una protesta contra funcionarios de la Unión Eléctrica (UNE) a quienes acusaron de exigir sobornos en dólares para mantener o restablecer el servicio eléctrico, en medio de una crisis energética que mantiene a amplias zonas de la isla en penumbras. El incidente evidencia el colapso del sistema y la indignación ciudadana frente a la corrupción institucionalizada que aprovecha el desespero de la población.
Según testimonios de testigos, la tensión acumulada tras semanas sin electricidad derivó en un enfrentamiento directo. Un grupo de hombres y mujeres acorraló a dos linieros y dañó un vehículo oficial para evitar su fuga. Al inspeccionar el automóvil, los residentes encontraron grandes sumas de dinero en dólares y pesos cubanos, presuntos sobornos recibidos de propietarios de negocios y vecinos a cambio de conectar sus viviendas a circuitos priorizados o evitar su desconexión manual, una práctica irregular que se ha impuesto en las últimas semanas sin explicación técnica alguna.
La indignación no se limita a Calabazar. En barrios periféricos de la capital como La Güinera, Boyeros, San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo, la falta de respuestas del régimen de La Habana ha desatado protestas masivas. Los cortes de energía, que en ocasiones superan las 24 horas, han llevado a la ciudadanía a realizar cacerolazos y bloquear vías, como ocurrió en la carretera de El Cuervo, cerca de Mantilla, donde pobladores impidieron físicamente la desconexión de un circuito cercando con sus cuerpos el carro de la UNE.
Extorsión y colapso de los servicios básicos
La crisis energética en Cuba está profundamente entrelazada con la corrupción sistémica y la ineficiencia burocrática. En localidades como Callejas, vecinos denunciaron que los linieros exigieron 2.000 dólares para reinstalar un transformador que había sido retirado en buen estado, lo que constituye un secuestro de equipos públicos para extorsionar a la población. Este escenario refleja la incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos, obligando a los ciudadanos a pagar sobreprecios en un contexto de hiperinflación, salarios devaluados y desabastecimiento generalizado.
El descontento social ha escalado más allá de las quejas por la falta de servicios. En La Güinera, las protestas han derivado en marchas donde los ciudadanos reclaman libertad y el fin de la dictadura cubana, enfrentando la represión policial. La falta de conexión a internet durante los apagones dificulta la documentación de los hechos en tiempo real, pero los testimonios confirman un aumento en la conflictividad social y un rechazo frontal a la violencia estatal y la censura.
El estallido social en las periferias de La Habana marca un punto de inflexión en la crisis cubana. La extorsión por servicios básicos y la represión a la protesta social evidencian el agotamiento del modelo impuesto por las autoridades de la isla. Mientras la ciudadanía enfrenta la doble carga de sobrevivir a la miseria económica y a la represión política, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán prestar atención a la escalada de violencia y vulneración de derechos fundamentales en el país.
