Agencias federales estadounidenses han ampliado el escrutinio sobre una presunta red de operaciones de influencia impulsada por el régimen de La Habana en territorio estadounidense. Las investigaciones, lideradas por los departamentos de Justicia, Estado y del Tesoro, se centran en diplomáticos y organizaciones de solidaridad que han trabajado durante décadas para alterar la política de Washington hacia Cuba.
El escrutinio se ha intensificado tras revelarse la participación de funcionarios cubanos en encuentros para diseñar estrategias de cabildeo. Material audiovisual difundido recientemente muestra a David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington, participando el 9 de mayo en una reunión en el Machinists Hall, California. Allí, el diplomático conversó con activistas sobre tácticas para presionar a congresistas federales, eliminar las sanciones económicas y promover resoluciones alineadas con los intereses del gobierno cubano.
Sin embargo, este episodio no constituye un hecho aislado. Investigaciones basadas en documentos oficiales, registros públicos y archivos históricos han logrado reconstruir cómo el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), junto a organizaciones de solidaridad y programas de Ciudades Hermanas, han articulado campañas de influencia a lo largo de décadas. Los registros evidencian que diplomáticos de la isla han participado sistemáticamente en encuentros con organizaciones estadounidenses que, posteriormente, impulsaron resoluciones municipales, estatales y sindicales favorables a las posiciones de La Habana.
La embajadora de Cuba en el centro de la estrategia de presión
A comienzos del presente año, la embajadora de Cuba en Estados Unidos, Lianys Torres Rivera, protagonizó un episodio similar. Durante una reunión en Maine con representantes de grupos como Democratic Socialists of America (DSA), el Partido Comunista de Maine, Veterans for Peace y Let Cuba Live, la diplomática instó a los asistentes a ejercer presión sobre autoridades locales y federales. El objetivo era lograr la exclusión de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y el levantamiento de las sanciones económicas.
Según publicaciones vinculadas a estos colectivos, Torres Rivera pidió a los activistas asegurar que sus ciudades, sindicatos y representantes políticos adoptaran resoluciones en este sentido, consolidando un frente de presión desde las bases hasta el Congreso.
Esta red de cabildeo encubierto expone la doble moral de la dictadura cubana, que mientras reprime, silencia y encarcela a la disidencia interna, destina esfuerzos y recursos para dirigir operaciones de manipulación en el exterior con el fin de lavar su imagen y obtener alivios económicos. El escrutinio de las agencias federales estadounidenses podría traducirse en medidas más estrictas contra los funcionarios diplomáticos involucrados y un endurecimiento de las políticas hacia la isla, afectando las ya limitadas vías de diálogo bilateral.
