El gobierno cubano ha dado un paso decisivo hacia la concentración del poder económico con el nombramiento de Roberto Ricardo Marrero al frente del recién creado Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEES). Esta entidad, catalogada por analistas y organizaciones independientes como un «superministerio», asumirá la tutela de más de 2.000 empresas estatales, en un movimiento que, bajo el pretexto de la eficiencia y la reorganización, consolida el control absoluto del aparato estatal sobre los menguantes recursos productivos de la isla en medio de la peor crisis económica de las últimas décadas.
Roberto Ricardo Marrero, quien hasta el momento ejercía como presidente del Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), ha sido la figura elegida por el régimen de La Habana para pilotar esta nueva y gigantesca estructura burocrática. Su salida de GEMAR, una de las organizaciones más estratégicas del sector del transporte y el comercio exterior en la isla, marca uno de los primeros movimientos tangibles en la puesta en marcha del INAEES. La designación de un cuadro ligado al sector marítimo portuario no parece casual, tratándose de un área vital para la importación de bienes en una nación incapaz de sostener su propia producción interna.
La oficialización de su salida de GEMAR se materializó en una ceremonia celebrada en la sede de la entidad, encabezada por el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, junto a Miguel Mario Cabrera Castellanos, jefe de la Dirección de Cuadros del Estado y del Gobierno. El acto, que contó con la presencia de directivos del Ministerio y representantes de empresas vinculadas al grupo, sirvió como escenario para la habitual retórica oficialista, centrada en destacar las «cualidades» y la «entrega» de los funcionarios, sin abordar las profundas deficiencias estructurales que han llevado al sector al estancamiento.
Para suplir el vacío dejado por Marrero, el gobierno cubano ha promovido a Luis Alberto González Nieto, quien hasta ahora se desempeñaba como director adjunto y asumirá la dirección general de GEMAR. Durante el acto de traspaso de mando, Rodríguez Dávila reiteró las supuestas prioridades que deberá cumplir la organización dentro del Programa Económico y Social del Gobierno para el próximo año. Sin embargo, estos planes gubernamentales se acumulan sobre una mesa ya saturada de promesas incumplidas y directrices que rara vez logran traducirse en mejoras tangibles para la población.
El INAEES fue presentado públicamente en meses recientes por el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga durante una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La creación de este organismo está estrechamente vinculada al proyecto de Ley de la Empresa Estatal Socialista, una iniciativa que circula en los pasillos del poder desde hace varios años y que, paradójicamente, aún no ha sido aprobada de manera formal. Esta desconexión entre el anuncio de nuevas estructuras de control y la parálisis legislativa es un reflejo claro de la improvisación y la falta de rumbo que caracteriza a la cúpula dirigente.
Según la narrativa oficial, el nuevo instituto tiene como propósito fortalecer la gestión de los activos estatales y mejorar el desempeño del sector empresarial público, considerado por la dictadura como la base insustituible de la economía nacional. No obstante, la realidad demuestra que esta base está profundamente corroída por la ineficiencia, la corrupción endémica y la falta de incentivos. La mayoría de las más de dos mil empresas estatales operan con pérdidas crónicas, subsidiadas por el Estado para evitar un colapso total del ya frágil tejido económico.
Frente a esta postura gubernamental, especialistas y organizaciones de la sociedad civil han expresado profundas reservas sobre el alcance real de la medida. La organización independiente Cubalex ha emitido un análisis contundente al respecto, sosteniendo que el instituto representa una nueva y alarmante concentración de poder económico bajo el control directo del Consejo de Ministros. Lo definen acertadamente como un «superministerio», encargado de ejercer las facultades del propietario estatal sobre todo el entramado empresarial del país, eliminando cualquier atisbo de autonomía que estas entidades pudieran tener.
Para los críticos del modelo, la creación del INAEES no supone en absoluto una descentralización de la economía, sino todo lo contrario: una mayor centralización de las decisiones estratégicas en un núcleo de poder cada vez más reducido. Este movimiento se produce en un contexto crítico, marcado por una profunda crisis productiva, el deterioro financiero insostenible de numerosas empresas estatales y la manifiesta incapacidad del gobierno cubano para impulsar las reformas estructurales necesarias que permitan reactivar la economía y aliviar la pobreza generalizada.
Contexto: El laberinto del control estatal y la asfixia productiva
Para comprender la magnitud de lo que implica la creación del INAEES, es necesario observar la historia reciente del modelo económico cubano. Desde la instauración del sistema soviético de planificación centralizada, la isla ha mantenido un control férreo sobre los medios de producción. Las sucesivas «actualizaciones» del modelo económico, incluyendo los Lineamientos aprobados en congresos pasados, han prometido otorgar mayor autonomía a las empresas estatales, permitiéndoles operar con criterios de mercado y gestionar sus propias finanzas. En la práctica, estas medidas han sido sistemáticamente saboteadas por la burocracia intermedia y la cúpula militar-civil que detenta el poder real.
La estructura empresarial estatal en Cuba funciona como un apéndice del aparato estatal, sujeta a múltiples ministerios y organismos que a menudo tienen intereses contrapuestos. La falta de un verdadero mercado, la imposibilidad de fijar precios libremente, el monopolio estatal del comercio exterior y la inexistencia de un sistema bancario funcional han convertido a las empresas estatales en entes burocráticos, más preocupados por cumplir indicaciones políticas que por generar riqueza o satisfacer la demanda de los ciudadanos. El resultado es una economía de escasez crónica, donde la productividad se desploma y el mercado negro se convierte en la principal fuente de supervivencia para la población.
En este escenario, la asunción de control por parte de un instituto nacional no resuelve el problema de fondo, que es la ausencia de propiedad privada libre y de derechos económicos garantizados. La dictadura ha tolerado la expansión del sector privado no estatal (los llamados MIPYMES) solo como una válvula de escape ante la emergencia social, pero se mantiene reacia a ceder el control de las áreas estratégicas de la economía. El INAEES es la respuesta del régimen para asegurar que, incluso en medio de la crisis, las riendas del capital productivo restante permanezcan firmemente atadas al Consejo de Ministros y a las empresas gestionadas por el sector militar de la isla, el GAESA.
El espejismo de la transformación institucional
El nombramiento de Roberto Ricardo Marrero al frente de este nuevo instituto no debe leerse como un paso hacia la modernización del Estado, sino como un ejercicio de reordenamiento interno dentro de una misma caja de herramientas fallidas. El régimen de La Habana confía en que mediante la agrupación y el control jerárquico de más de dos mil empresas estatales podrá optimizar recursos, recortar burocracia e imponer disciplina financiera. Sin embargo, la historia económica de la isla demuestra que la centralización extrema solo genera cuellos de botella, corrupción por asignación de recursos y una parálisis operativa aún mayor.
La verdadera solución a la profunda crisis estructural que asola a Cuba exige medidas que el gobierno cubano se niega a adoptar: la liberalización real de los mercados, la democratización del acceso a la propiedad, la eliminación del monopolio estatal del comercio exterior y el sometimiento de las empresas a la competencia y a un marco legal verdaderamente independiente. Mientras el poder siga concentrado en un «superministerio» diseñado para preservar el dogma socialista por encima de la eficiencia, la economía cubana continuará su espiral descendente. El INAEES, lejos de ser un salvavidas, se perfila como el último cerrojo institucional para asegurar que el control de la miseria permanezca en las manos del régimen.
