El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) confirmó el feminicidio de Lisney Cárdenas Bruzón, una joven de 26 años asesinada en la comunidad rural de La Tomatera, en el municipio de Florida, Camagüey. El crimen, perpetrado presuntamente por su esposo del que se encontraba separada, eleva a 30 los feminicidios verificados en la isla en lo que va de año, evidenciando la ineficacia del gobierno cubano para proteger a las mujeres frente a la violencia machista.
Según las investigaciones independientes basadas en testimonios de vecinos, el presunto agresor fue Jorge Vázquez Hernández, quien habría contactado a la víctima para conversar antes de atacarla dentro de su propia vivienda. La joven permaneció con vida durante más de ocho horas en estado crítico, manifestando repetidamente su deseo de sobrevivir por sus dos hijos menores, de ocho y tres años. El menor presenció la agresión que, finalmente, dejó huérfanos a ambos niños.
El caso expone con crudeza el colapso de los servicios públicos y la precariedad estructural en las zonas rurales. Los prolongados apagones dificultaron las comunicaciones en la zona, obligando a los residentes a trasladarse por sus propios medios hasta la ciudad de Florida para solicitar asistencia. A esto se suma el abandono institucional del sistema de salud: el consultorio médico de la localidad llevaba más de un año sin un médico de familia permanente, por lo que los vecinos tuvieron que intentar contener las heridas de Lisney con los escasos recursos disponibles mientras esperaban una ambulancia que llegó demasiado tarde.
Una crisis de género que el régimen minimiza
La confirmación de este asesinato se produce apenas un día después de que OGAT reportara otros tres casos de violencia machista letal en el país, correspondientes a Adrianelys Nieves Castillo, de 24 años; Estefany García, de 29; y Yanet Sánchez Espino, de 48. El registro independiente contabiliza, además, 19 intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género en lo que va de año. Estas cifras contrastan con la narrativa oficial de las autoridades de la isla, que sistemáticamente minimizan la gravedad del problema.
Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos exigen la implementación de mecanismos específicos para prevenir la violencia de género, así como una respuesta institucional efectiva ante las denuncias. Sin embargo, la falta de libertades y la inacción de la dictadura cubana frente a la crisis integral que atraviesa el país impiden cualquier avance real en las políticas de protección a las víctimas. Mientras el Estado continúe sin rendir cuentas ni garantizar servicios básicos funcionales, las mujeres cubanas seguirán enfrentando la violencia machista en un escenario de total indefensión.
