La activista y recién electa integrante de la CIDH sostuvo que 2025 deja a Cuba sumida en una catástrofe humanitaria provocada por la dictadura y urgió a las organizaciones opositoras y gobiernos democráticos a coordinar una hoja de ruta definitiva hacia la libertad, mientras la isla cierra el año con apagones de hasta 20 horas, recesión prolongada y escasez generalizada de alimentos.
La fundadora de la plataforma Cuba Decide y directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana, Rosa María Payá, aseguró mediante un mensaje difundido en la red social X que \»los cubanos estamos listos para el cambio\» y que la demanda ciudadana de cara al nuevo año es \»un cambio total del sistema\». En un video adjunto a la publicación, la activista insistió en que la oposición dentro y fuera de la isla debe llegar a 2026 con una estrategia definida, sin improvisaciones, y llamó a los gobiernos a \»dar un paso al frente\» para respaldar una Cuba libre.
\»No es el momento de improvisar. Es el momento de tener un plan, es el momento de tener una hoja de ruta y es el momento de implementarla hasta el final\», señaló Payá, quien enfatizó la necesidad de coordinar esfuerzos entre actores del exilio y grupos opositores en la isla. La activista reconoció las condiciones de represión bajo las cuales se desarrolla este trabajo preparatorio, noting que gran parte del liderazgo opositor interno permanece encarcelado. Sin embargo, aseguró que iniciativas como Pasos de Cambio y la firma del Acuerdo por la Democracia por parte de diversas organizaciones evidencian que \»lo que viene para Cuba es la libertad\».
Una voz institucional con respaldo regional
Payá, nacida en La Habana en 1989 y licenciada en Física por la Universidad de La Habana, cuenta con formación en el programa Global Competitive Leadership de la Universidad de Georgetown. Su figura cobró mayor peso institucional este año al ser electa integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según un comunicado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del 27 de junio. Su mandato de cuatro años comenzará el próximo 1 de enero, lo que le otorgará una plataforma regional desde donde monitorear y denunciar las violaciones de derechos humanos que perpetúa la dictadura cubana contra la población civil y los activistas políticos.
El contexto: una isla en colapso sistémico
El llamado de Payá se produce en medio de una crisis estructural que afecta todos los ámbitos de la vida en Cuba. El sistema eléctrico nacional, deteriorado por décadas de falta de inversión y mantenimiento, ha colapsado de forma recurrente. El pasado 3 de diciembre, un fallo parcial de la red dejó sin servicio a La Habana y varias provincias occidentales, sumándose a apagones diarios de hasta 20 horas que amplias zonas del país vienen sufriendo de manera sostenida. El régimen de La Habana ha atribuido la inestabilidad a problemas de combustible y déficit de generación, sin ofrecer soluciones estructurales ni reconocer la responsabilidad de su gestión en el deterioro de la infraestructura.
En el plano económico, organismos internacionales confirman la gravedad de la situación. El Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP) reportó que Cuba registró en 2024 una contracción del PIB del 1,1%, prolongando una recesión acompañada de \»inflación persistente\», caída de recursos fiscales y escasez de combustible. El acceso limitado a divisas ha reducido drásticamente la disponibilidad tanto de alimentos nacionales como importados, y la canasta básica estatal, \»casi totalmente importada\», sufre \»escasez y retrasos\» en su distribución, según reconocen los propios reportes del gobierno cubano. En el sector sanitario, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que las repetidas desconexiones del Sistema Eléctrico Nacional complican la respuesta de emergencia y la recuperación ante brotes de enfermedades, profundizando el colapso de los servicios públicos básicos.
El mensaje de Payá plantea un desafío directo tanto a las autoridades de la isla como a la comunidad internacional. Mientras la dictadura mantiene su aparato represivo intacto y el país se hunde en una emergencia humanitaria multidimensional, la exigencia de una transición democrática con respaldo externo cobra relevancia como única vía viable para revertir el colapso. La pregunta que persiste es si los gobiernos democráticos de la región y del mundo estarán dispuestos a asumir el costo político de alinearse con las demandas del pueblo cubano, o si continuarán priorizando la diplomacia pasiva frente a un régimen que ha demostrado incapacidad para garantizar la subsistencia de su propia población.
