El asesinato de Yunia Lisset Bizet Sánchez a plena luz del día y frente a menores en Granma eleva a diecisiete los feminicidios contabilizados por plataformas independientes en lo que va de año. La víctima había denunciado previamente a su agresor, evidenciando la nula capacidad del sistema institucional cubano para garantizar la vida de las mujeres ante la escalada de la violencia machista.
La violencia de género continúa cobrando vidas en la isla mientras el Estado cubano mira hacia otro lado. El más reciente caso denunciado por la sociedad civil independiente ocurrió en el reparto Rosa La Bayamesa, en Bayamo, provincia de Granma, donde una madre de 52 años fue ultimada en plena vía pública. La brutalidad del ataque se vio agravada por el lugar de los hechos, ocurridos en las inmediaciones de una escuela primaria, lo que dejó una estela de trauma psicológico en varios menores de edad que presenciaron el crimen en directo.
De acuerdo con relatos de testigos recogidos por medios independientes, el agresor interceptó a la mujer en la calle, iniciando una agresión que culminó de forma fatal. La rapidez y ferocidad del ataque sorprendieron a los residentes de la zona, quienes, impotentes ante la situación, intentaron intervenir para salvar la vida de la víctima. Sin embargo, la violencia del individuo superó los esfuerzos de la comunidad por detenerlo, evidenciando un patrón de impunidad que embarga a los agresores en la isla.
«La gente intentó ayudar, le tiraron piedras, pero no se detenía… todo fue muy rápido», narró un residente de la zona a plataformas de denuncia ciudadana. Este tipo de respuestas comunitarias refleja no solo el horror cotidiano al que están expuestos los cubanos, sino también la ausencia de una fuerza pública efectiva que pueda prevenir o detener este tipo de agresiones en tiempo real. La ciudadanía se ve obligada a actuar por su cuenta, asumiendo riesgos físicos frente a la desprotección absoluta del Estado.
Uno de los aspectos más perturbadores de este feminicidio es que la víctima presuntamente se dirigía a la estación de policía en el momento en que fue interceptada y asesinada. Este detalle cobra una dimensión trágica y profundamente crítica al conocerse, a través de los observatorios feministas Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba, que Bizet había denunciado previamente a su agresor. La inminente búsqueda de amparo institucional resultó ser insuficiente, inútil y, en última instancia, mortal.
Para los colectivos feministas, este caso es la prueba irrefutable de la podredumbre del sistema de justicia en la isla. «Una vez más se evidencia que impera un sistema de injusticia en Cuba, ya que Yunia había denunciado a su agresor», señalaron ambas organizaciones en sus reportes. La incapacidad del régimen de La Habana para generar mecanismos de protección eficaces, órdenes de alejamiento o seguimiento policial convierte a las denuncias en meros trámites burocráticos que preceden a la tragedia. La indolencia policial y judicial es un factor determinante en estas muertes evitables.
Las cifras manejadas por la sociedad civil independiente dibujan un panorama escalofriante. Hasta el momento, los observatorios han contabilizado al menos diecisiete víctimas mortales por violencia machista en el país, además de nueve intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género. Estas cifras, que forman parte de un subregistro elaborado meticulosamente por activistas, también incluyen seis casos adicionales que permanecen bajo investigación para confirmar si se trató de feminicidios, lo que sugiere que el saldo real podría ser aún más lúgubre.
La tragedia de Bayamo representa el tercer feminicidio en lo que va de año que es presenciado por menores de edad, un factor que las organizaciones de derechos humanos subrayan con alarma. La exposición de la niñez cubana a escenas de extrema violencia machista no solo es una violación a sus derechos fundamentales, sino que garantiza la reproducción intergeneracional de patrones de agresividad y trauma en una sociedad ya profundamente fracturada por la crisis multidimensional que atraviesa el país.
Contexto: La violencia de género en la sombra de la dictadura
La situación de la mujer en Cuba se desenvuelve en un limbo legal y protector que el gobierno cubano se ha negado sistemáticamente a resolver. A pesar de las constantes demandas de la sociedad civil, la isla carece de una ley integral contra la violencia de género. Esta omisión legislativa no es un accidente administrativo, sino una decisión política de la dictadura, que prefiere negar la magnitud del problema antes que admitir su incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana y los derechos humanos de la mitad de su población.
La inexistencia de protocolos públicos de actuación frente a la violencia machista y la ausencia total de refugios estatales para mujeres en riesgo dejan a las víctimas en un estado de total vulnerabilidad. Mientras el régimen de La Habana destina grandes recursos propagandísticos para proyectar una imagen de igualdad de género en foros internacionales, en las calles cubanas las mujeres son asesinadas a pesar de haber pedido ayuda a las instituciones. La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), órgano oficialista supuestamente encargado de velar por los derechos femeninos, guarda un silencio cómplice ante estos crímenes.
La labor de los observatorios feministas se ha vuelto indispensable precisamente por el silencio oficial. El Estado cubano no publica estadísticas desagregadas sobre violencia de género, lo que obliga a las activistas a construir bases de datos a partir de denuncias ciudadanas, redes sociales y reportes de medios independientes. Esta censura estadística es una forma más de represión, destinada a invisibilizar una crisis de derechos humanos que el sistema no sabe, ni quiere, mitigar.
El feminicidio de Yunia Lisset Bizet Sánchez no es un caso aislado, sino el eslabón de una larga cadena de impunidad y abandono estatal. Mientras la policía priorice la persecución política y el control social sobre la protección de la vida, y mientras el régimen mantenga su negacionismo frente a la violencia machista, las mujeres de la isla seguirán cayendo. La sangre de estas víctimas es también la responsabilidad directa de un sistema que, al negarles protección y minimizar la gravedad del problema, las condena de antemano a sus agresores.
