La Asamblea Nacional del Poder Popular designó este jueves al viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga como nuevo diputado, un movimiento que cumple el único requisito pendiente para que el sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro pueda ser nombrado presidente de la República. La decisión, tomada en una sesión legislativa inusualmente abreviada y por videoconferencia, reafirma la naturaleza hereditaria y antidemocrática de la cúpula del poder en la isla.
El presidente del Parlamento, Esteban Lazo, confirmó la incorporación de Pérez-Oliva Fraga como parte de la cobertura de plazas vacantes, tras la renuncia de los también diputados Homero Acosta y Ulises Guilarte. Con estos cambios, el órgano legislativo —carente de pluralidad y controlado por el régimen de La Habana— alcanza los 464 escaños. Durante la misma jornada, el ejecutivo cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, anunció la \»liberación\» de Rubén Remigio Ferro de la presidencia del Tribunal Supremo Popular, una institución clave en el reciente juicio por espionaje y corrupción contra el exministro Alejandro Gil, lo que evidencia un profundo reacomodo en la cúpula judicial y política.
El ascenso de Pérez-Oliva Fraga, ingeniero electrónico de 54 años, no es una casualidad dentro de la burocracia estatal. En octubre pasado fue promovido a viceprimer ministro, sumando la cartera de ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) tras el fallecimiento de Ricardo Cabrisas. Su carrera ha estado estrechamente ligada a los intereses del conglomerado militar-empresarial GAESA, dirigiendo empresas como Maquimport y participando en acuerdos estratégicos durante el deshielo con Estados Unidos. La muerte de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, el hombre fuerte de GAESA, alteró el equilibrio de fuerzas internas y aceleró la trayectoria del sobrino nieto de los Castro, a pesar de su falta de historial militar y trayectoria política visible.
Reacomodo de poder en medio de la crisis estructural
Este giro en la línea sucesoria ocurre en un escenario de crisis económica aguda, colapso de los servicios públicos y un éxodo migratorio sin precedentes que asola a la ciudadanía. Mientras la población enfrenta desabastecimiento crónico e inflación galopante, la dictadura cubana se enfoca en blindar sus estructuras de control y garantizar la continuidad de la cúpula familiar y militar. La designación de un heredero de la estirpe Castro a una posición desde donde puede asumir la máxima magistratura refleja la desconexión total entre las necesidades del pueblo y las prioridades del poder.
La habilitación de Pérez-Oliva Fraga para la Presidencia envía un mensaje claro tanto a la disidencia interna como a la comunidad internacional: el régimen no contempla apertura democrática ni reformas sustanciales, sino una recalcitrante defensa del status quo. En un momento donde la represión social y la falta de libertades son moneda corriente, el reforzamiento de la dinastía Castro en la cúspide del gobierno anticipa un endurecimiento de las políticas que mantienen sumida a la isla en la postración, postergando cualquier solución real a la profunda crisis que atraviesa la nación.
