La Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado de Cuba experimentaron un relevo significativo en su cúpula durante la última sesión parlamentaria. Las autoridades de la isla aceptaron las renuncias del secretario del Parlamento, Homero Acosta, y de figuras como Ulises Guilarte, mientras el ejecutivo cubano proponía la liberación del presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, tras 27 años en el cargo. La falta de transparencia sobre estos movimientos reaviva las dudas sobre la estabilidad interna del aparato gubernamental.
En el marco de la sesión, el Consejo de Estado acató las renuncias de Homero Acosta Álvarez a su escaño y a la secretaría de la Asamblea Nacional, así como las de Ulises Guilarte de Nacimiento y Ricardo Rodríguez González como miembros de dicho órgano. Paralelamente, Miguel Díaz-Canel presentó la propuesta para relevar a Rubén Remigio Ferro de la presidencia del Tribunal Supremo Popular, sugiriendo a Oscar Silvera Martínez, actual ministro de Justicia, como su sucesor. Para suplir a Silvera en el ministerio, se postuló a la viceministra primera Rosabel Gamón Verde.
El relato oficial, difundido a través de la prensa estatal, omitió por completo las causas que motivaron estas salidas. Los medios gubernamentales se limitaron a informar que los funcionarios \»presentaron sus renuncias\» y que el órgano rector las \»aceptó\», sin profundizar en desacuerdos, nuevas responsabilidades o motivos verificables. Esta opacidad es una constante en la gestión del gobierno cubano, donde los cambios de cuadros se manejan a puerta cerrada, impidiendo cualquier escrutinio público sobre el funcionamiento real de las instituciones.
La salida de Acosta resulta particularmente sensible, dado que era una pieza clave en la ingeniería parlamentaria desde 2009, siendo ratificado en su cargo apenas en la X Legislatura de 2023. Por su parte, Guilarte llega a esta renuncia tras ser liberado en julio pasado de su cargo al frente de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), mientras que Rodríguez González, electo diputado en su juventud durante su etapa en la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), también abandona sus funciones. El caso de Remigio Ferro destaca por su larga permanencia de casi tres décadas al frente del poder judicial, un periodo durante el cual validó públicamente el carácter político de la justicia en la isla.
Opacidad institucional en medio de la crisis estructural
Estos movimientos de personal ocurren en un contexto de profunda crisis sistémica que atraviesa la nación. Mientras la dictadura cubana reorganiza su burocracia interna, la ciudadanía enfrenta una inflación galopante, el colapso total de los servicios públicos y un desabastecimiento crónico que ha provocado un éxodo migratorio sin precedentes. La reorganización de la cúpula no responde a las demandas democráticas de la población, sino a los ajustes de poder dentro de un sistema que no rinde cuentas y que mantiene intacto su aparato de represión y censura contra cualquier manifestación de disidencia.
La destitución o renuncia forzada de estas figuras, en ausencia de mecanismos de control democrático, refleja las fricciones internas de un régimen que intenta mantener la fachada institucional ante el fracaso de su modelo. Para la población, estos relevos en la cúpula no representan un avance hacia la apertura o el respeto a los derechos humanos, sino la continuidad de un esquema autoritario donde las decisiones vitales se toman sin participación ciudadana, garantizando la supervivencia del poder por encima del bienestar del país.
