La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) ha consolidado su reputación como uno de los monopolios más lucrativos y disfuncionales del régimen de La Habana. Mientras eleva tarifas y restringe ofertas bajo el pretexto de supuestas mejoras técnicas, la calidad del servicio se desploma sin freno, dejando a millones de cubanos incomunicados, extorsionados y sin opciones en un mercado sin competencia alguna.
El emporio estatal de las telecomunicaciones en Cuba opera bajo una lógica perversa que combina extractivismo económico con negligencia estructural. Durante el último periodo, la empresa llevó a cabo una serie de intervenciones técnicas presentadas oficialmente como optimización del servicio, pero que en la práctica funcionaron como cortina de humo para justificar un endurecimiento sin precedentes en las condiciones de acceso a datos móviles. Las modificaciones implementadas elevaron los costos para los usuarios mientras reducían sustancialmente los paquetes disponibles, todo ello amparado en el argumento gubernamental de la necesidad imperiosa de incrementar los ingresos para sostener la infraestructura.
Sin embargo, la realidad desmiente de forma contundente la narrativa oficial. Meses después de aquellas controvertidas medidas, la calidad de las telecomunicaciones en la isla sigue deteriorándose de manera alarmante. La promesa de modernización y estabilidad se ha evaporado frente a un sistema que acumula deficiencias en cada uno de sus frentes: telefonía móvil, fija, conectividad y atención al cliente. Las supuestas inversiones en infraestructura no se traducen en mejoras perceptibles para el usuario, sino en un empeoramiento sistemático que afecta tanto a la red móvil como a la fija, generando un nivel de insatisfacción que crece exponencialmente entre los abonados.
El laberinto de los teléfonos: una sola oportunidad y luego, pagar en divisas
Una de las manifestaciones más crueles del modelo de negocio de ETECSA se evidencia en la política de reposición de terminales telefónicos. Según las normas del monopolio, cada cliente tiene derecho a una única reposición de equipo en moneda nacional al precio de sesenta pesos cubanos. Esta disposición, que en teoría representa un respiro para los usuarios de bajos ingresos, resulta en la práctica una burla institucionalizada. La disponibilidad real de estos equipos en las oficinas comerciales es prácticamente nula, y quienes logran acceder a esta oportunidad lo hacen después de prolongadas esperas y gestiones que en muchos casos resultan infructuosas.
El problema se agrava de manera inexorable con el paso del tiempo. Los teléfonos, sometidos a un uso cotidiano inevitable, se deterioran y averían hasta quedar inservibles. Cuando esto ocurre, los técnicos de la empresa —cuando finalmente logran aparecer, pues las demoras en la atención técnica pueden extenderse durante meses— se declaran incapaces de reparar los equipos. La razón principal es la ausencia total de piezas de repuesto, un hecho verdaderamente inverosímil si se considera que ETECSA maneja ingresos millonarios derivados de las remesas y los pagos desde el extranjero que sostienen su rentabilidad. La empresa privilegia la extracción de divisas sobre el mantenimiento básico de su parque tecnológico, dejando al usuario atrapado en un callejón sin salida.
Para quienes ya agotaron su única oportunidad de reposición en moneda nacional —lo que a estas alturas comprende a la inmensa mayoría de los abonados— la única alternativa pasa por adquirir un nuevo terminal en moneda dura. Los teléfonos disponibles en las oficinas comerciales de ETECSA se ofrecen a precios que resultan inalcanzables para el cubano promedio, cuya salario mensual no cubre ni una fracción del costo de un equipo básico. Esta dinámica convierte a la telefonía móvil, que debería ser un servicio accesible, en un bien de lujo disponible únicamente para quienes reciben remesas del exterior o poseen ingresos en divisas.
La diáspora como sostén: lucrar con la separación familiar
Las consecuencias de esta política extractiva son profundas y dolorosas. Son numerosos los usuarios que se ven privados del servicio telefónico durante meses, e incluso años, por la simple imposibilidad de conseguir dólares para adquirir un equipo. La falta de comunicación no es solo una incomodidad: representa un aislamiento que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Para muchos, la única vía de recuperar el acceso al servicio pasa por gestionar la compra del teléfono desde el extranjero a través de familiares residentes fuera de Cuba, lo que convierte a la diáspora en el sostén involuntario del monopolio.
Un recorrido por las páginas oficiales de ETECSA revela con elocuencia la verdadera orientación de su modelo de negocios. El sitio está saturado de ofertas dirigidas al público cubano residente en la isla, pero diseñadas para ser pagadas desde el extranjero. Paquetes de datos, recargas, combos y promociones diversas se presentan como productos pensados para que los familiares en el exterior financien las comunicaciones de sus seres queridos en Cuba. No se trata de una casualidad ni de una estrategia comercial complementaria: constituye el núcleo mismo del modelo de rentabilidad de la empresa, que lucra sistemáticamente con las necesidades insatisfechas de la población y con el dolor de la separación familiar que el propio régimen ha provocado durante décadas.
La paradoja más amarga de este esquema es que muchos usuarios sin servicio activo se ven obligados a seguir pagando cuotas de mantenimiento para no perder definitivamente su contrato telefónico. Pagan por un servicio que no reciben, sostenidos únicamente por la esperanza de recuperar la comunicación en algún momento indeterminado. Es una forma de extorsión institucionalizada: el usuario paga por no perder un derecho que el monopolio no le garantiza ejercer. Esta situación afecta de manera especial a la telefonía fija, cuya relevancia ha crecido en un contexto donde los teléfonos públicos han sido prácticamente eliminados por el vandalismo y la desidia gubernamental.
La telefonía fija: abandono silencioso y consecuencias sociales
La desaparición progresiva de los teléfonos públicos en las calles cubanas no es un fenómeno accidental. Responde a una combinación de negligencia institucional, falta de mantenimiento y saqueo sistemático que las autoridades nunca han tenido interés en frenar. En este escenario, la telefonía fija se ha convertido en un servicio vital para amplios sectores de la población: ancianos que no manejan la tecnología móvil, personas de bajos ingresos que no pueden costear un celular, y cualquier ciudadano que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Para estos grupos, el teléfono fijo representa el único vínculo con servicios esenciales, familiares y trámites administrativos.
La importancia del servicio fijo adquiere dimensiones adicionales en el contexto de colapso del transporte público que padece la isla. Antes de emprender un viaje que puede resultar inútil —dados los recurrentes desabastecimientos, cambios de horario y cierres improvisados de establecimientos— los ciudadanos recurren al teléfono para verificar información sobre disponibilidad de productos, horarios de atención y precios. Sin embargo, la realidad cotidiana contradice esta lógica elemental. En tiendas, instituciones estatales, oficinas administrativas y centros de atención al público se ha consolidado una práctica generalizada: sencillamente no responder el teléfono fijo.
Este fenómeno, que podría parecer anecdótico, refleja una transformación profunda en la cultura laboral del sector estatal. A medida que los empleados se han equipado con teléfonos móviles personales, las llamadas que les interesan —generalmente relacionadas con gestiones privadas o negocios informales— les llegan directamente, sin necesidad de pasar por la línea institucional del centro de trabajo. El teléfono fijo de la entidad se convierte en un elemento decorativo, un aparato que suena en el vacío mientras los ciudadanos malgastan tiempo y saldo en intentos infructuosos de comunicación. Cuando algún usuario logra plantear la queja en persona, la respuesta habitual de los empleados se reduce a un encogimiento de hombros y la muletilla de que el teléfono está averiado, una excusa que pocas veces se verifica y que nadie se molesta en corregir.
Apagones, saldos fantasmas y la promesa rota de la conectividad
El catálogo de deficiencias de ETECSA excede con creces los problemas de reposición de equipos y atención telefónica. Las quejas de los usuarios se multiplican en múltiples frentes: saldos que desaparecen sin explicación de las cuentas, servicios que se congelan durante los apagones eléctricos que azotan con frecuencia creciente al país, demoras excesivas en reparaciones de líneas fijas que pueden prolongarse durante meses, y una infraestructura que se publicita como modernizada pero que en la práctica no ofrece estabilidad mínima. La red móvil sufre cortes intermitentes, la conexión por datos es lenta y errática, y las zonas rurales o periféricas permanecen virtualmente desconectadas del servicio.
El contraste entre los millonarios ingresos que ETECSA obtiene —gracias al pago en divisas de millones de cubanos en el exterior que recargan a sus familiares— y la precariedad del servicio que ofrece resulta escandaloso. La empresa funciona como una de las principales fuentes de captación de divisas para el régimen de La Habana, un mecanismo de extracción que canaliza hacia las arcas del Estado recursos que deberían invertirse en mejorar la infraestructura y la calidad del servicio. En lugar de ello, los fondos parecen diluirse en la burocracia y la ineficiencia que caracterizan al sistema económico cubano, mientras los usuarios continúan soportando tarifas elevadas por un servicio que no cumple estándares mínimos de calidad.
Contexto: Cuba, la isla de la conectividad selectiva
Para comprender la dimensión del problema de las telecomunicaciones en Cuba es necesario situarlo en el contexto más amplio de la economía y la sociedad cubana contemporánea. La isla atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, caracterizada por hiperinflación, colapso del sistema eléctrico, escasez generalizada de alimentos y medicamentos, y una migración masiva que ha vaciado al país de su fuerza laboral y juvenil. En este panorama, el acceso a la comunicación telefónica y a internet no constituye un lujo sino una necesidad básica: es el canal a través del cual los cubanos reciben remesas, se informan, mantienen vínculos con familiares emigrados y acceden a servicios fundamentales.
El régimen de La Habana ha mantenido durante décadas un control férreo sobre las telecomunicaciones, utilizando el monopolio estatal como instrumento de vigilancia, censura y extracción económica. La conectividad en Cuba sigue siendo una de las más limitadas y costosas del hemisferio occidental, con tarifas que representan una proporción desproporcionada respecto a los salarios medios de la población. La dictadura ha convertido el derecho a la comunicación en un privilegio condicionado a la capacidad de pago en divisas, profundizando las desigualdades sociales y agravando la exclusión de los sectores más pobres. Mientras el gobierno se jacta de indicadores de conectividad que ocultan la realidad de un servicio deplorable, millones de cubanos enfrentan diariamente las consecuencias de un sistema diseñado para extraer, no para servir.
La consigna vacía y el cinismo cotidiano
En tiempos pasados, el Ministerio de las Comunicaciones ostentaba con orgullo una consigna que se repetía en carteles y oficinas de toda la isla: «En la guerra como en la paz, mantendremos las comunicaciones». Era una declaración de principios, una promesa de que ningún obstáculo impediría el ejercicio del derecho a la comunicación. Décadas después, esa frase resuena con una ironía amarga en la boca de los cubanos que llevan meses sin teléfono, que ven desaparecer su saldo sin explicación, que marcan una y otra vez un número que nadie responde, o que se quedan incomunicados durante los apagones que el régimen no logra resolver.
El pueblo cubano, con el humor resignado y mordaz que lo caracteriza, ha actualizado la consigna oficial con un apéndice que sintetiza la realidad: «Si no llueve y hay corriente». Esa apostilla popular condensa décadas de promesas incumplidas, de infraestructura deteriorada y de un monopolio que cobra como si ofreciera un servicio de primer mundo mientras entrega una prestación que no alcanzaría los estándares mínimos de cualquier país con un mercado competitivo. ETECSA, como tantas otras empresas estatales cubanas, encarna la contradicción fundamental de un sistema que privilegia el control político y la extracción económica sobre el bienestar y los derechos de la población. Mientras el régimen mantenga el monopolio sobre las comunicaciones, sin competencia, sin regulación independiente y sin rendición de cuentas real, los cubanos seguirán pagando más por recibir menos, atrapados en un sistema diseñado para mantenerlos conectados únicamente en la medida en que resulte rentable para el poder.
