El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la eliminación definitiva de los programas de reunificación familiar (FRP) para nacionales de Cuba y otros seis países latinoamericanos, cerrando una de las principales vías legales seguras para miles de familias que intentaban escapar de la profunda crisis que atraviesa la isla.
La medida, que será formalizada en el Registro Federal, responde a un giro radical en la política migratoria de la administración de Donald Trump. Según el comunicado del DHS, el objetivo es \»terminar el abuso del parole humanitario\» y regresar a un sistema de revisión caso por caso, bajo el argumento de que estos programas permitían la entrada de extranjeros con \»insuficiente verificación\» y eludían los procesos tradicionales. El cierre afecta directamente el Cuban Family Reunification Parole (CFRP), operativo desde 2007, que funcionaba como una herramienta esencial para que familiares de ciudadanos y residentes legales estadounidenses viajaran de forma anticipada a territorio norteamericano.
Las autoridades estadounidenses han establecido un calendario estricto para los beneficiarios actuales. El estatus de ‘parole’ y los permisos de trabajo asociados expirarán automáticamente el 14 de enero de 2026. Para evitar la expulsión, los afectados deben presentar el Formulario I-485 para ajustar su estatus antes del 15 de diciembre de este año; de lo contrario, deberán abandonar el país. Quienes no logren otra base legal o incumplan las fechas límite se enfrentarán a procesos de deportación acelerada, lo que amenaza con empujar a una oleada de migrantes hacia la irregularidad.
Impacto en el contexto del éxodo cubano
Para la ciudadanía cubana, el impacto de esta decisión es particularmente severo. El cierre de esta vía legal se produce en medio del mayor éxodo migratorio de la historia reciente de la isla, un fenómeno impulsado por el colapso de los servicios públicos, la inflación galopante, el desabastecimiento y la constante represión social ejercida por la dictadura cubana. Durante casi dos décadas, el CFRP funcionó como un mecanismo ordenado que evitaba que cientos de miles de cubanos tuvieran que arriesgar sus vidas en las peligrosas rutas irregulares hacia la frontera sur de Estados Unidos.
La cancelación del programa deja a decenas de miles de familias separadas en un limbo legal y amenaza con catalizar un aumento en los flujos migratorios irregulares. Mientras el régimen de La Habana continúa sin ofrecer soluciones a la crisis estructural que ahuyenta a su población y mantiene intacto su aparato de control y censura, la restricción de las políticas de asilo y reunificación en EE.UU. complica aún más el panorama. Las consecuencias recaerán sobre los ciudadanos que huyen de la falta de libertades, quienes ahora verán reducidas drásticamente sus opciones para emigrar de forma segura y legal.
