La provincia de Holguín vuelve a ser escenario de la indignación popular ante la inoperancia del gobierno cubano. Frente a la inactividad estatal y la precariedad extrema, comunidades como Pontezuela y Seboruco han tomado las calles para exigir el restablecimiento de servicios básicos, evidenciando el colapso total de la infraestructura nacional y la desidia institucional que caracteriza a la dictadura.
La acumulación de frustraciones ha desbordado la paciencia de los habitantes de Mayarí, quienes tras semanas de un apagón prolongado y la ausencia total de respuestas gubernamentales, han vuelto a protestar. Las manifestaciones, surgidas de manera espontánea en el poblado de Pontezuela, se han caracterizado por el sonido incesante de cacerolas y el clamor unánime de «¡Queremos corriente!». Esta no es una queja aislada, sino el reflejo de una crisis profunda que asfixia al oriente del país, donde la supervivencia diaria se ha convertido en un desafío insuperable debido a la negligencia estructural del Estado.
En la comunidad de Seboruco, el panorama es aún más desolador. Los residentes llevan casi un mes sobreviviendo en condiciones infrahumanas tras el paso del huracán Melissa. Sin electricidad, sin agua potable y sin asistencia alguna por parte de las instituciones, las familias se han visto obligadas a consumir agua contaminada de una presa local o a transportar pesados cántaros desde los ríos cercanos para poder subsistir. La falta de atención médica y alimentaria agrava de manera alarmante la situación de los grupos vulnerables, como niños y ancianos enfermos, que permanecen atrapados en un ciclo de abandono y desesperación.
Las declaraciones de los propios pobladores revelan un nivel de desesperación que trasciende la simple incomodidad. «Estamos cansados de quejarnos, de llamar, y nadie hace nada. Ya no sabemos qué hacer ni a quién acudir», denunciaron los residentes en grabaciones que han circulado a través de periodistas independientes. Esta sensación de orfandad estatal es la regla, no la excepción, en la Cuba rural, donde el gobierno cubano ha implementado una política de olvido sistemático, asumiendo que la resignación de los ciudadanos es infinita.
La indignación ciudadana se ha visto alimentada no solo por la inoperancia, sino también por la maquinaria propagandística del régimen de La Habana. Recientemente, un periodista oficialista publicó información asegurando que Seboruco había recuperado el servicio eléctrico. Aunque una ínfima porción de la comunidad —apenas un puñado de viviendas— había sido reconectada, la inmensa mayoría seguía sumida en la oscuridad. Este tipo de desinformación, típica de la dictadura, busca maquillar la crisis ante el exterior y simular normalidad, pero en el terreno solo logra encender más la cólera de una población que padece la realidad en carne propia.
Fue precisamente esta mentira mediática la que desató la chispa de la protesta en Seboruco. Un grupo de mujeres, hartas de las falsas promesas y el silencio cómplice de las autoridades, comenzó a golpear calderos y a hacer sonar la campana de la bodega local, un sonido tradicionalmente asociado a la llegada de alimentos subsidiados, pero que ahora se ha transformado en un llamado a la rebelión cívica. La acción atrajo rápidamente a decenas de vecinos, demostrando que el miedo impuesto por el aparato represivo comienza a ceder ante la urgencia ineludible de la hambruna y la sed.
Ante la magnitud del reclamo popular, las estructuras de poder se vieron obligadas a movilizarse. Dirigentes del puesto de mando creado supuestamente para la atención al ciclón acudieron al lugar en sus vehículos oficiales, ofreciendo explicaciones tardías y excusas burocráticas ante una audiencia que ya no las acepta. La presencia del intendente local y, de manera significativa, de un oficial de la policía política, evidenció la verdadera prioridad del régimen: no resolver el problema de los ciudadanos, sino contener la protesta, vigilar a los líderes naturales de la comunidad y evitar que la insubordinación se extendiera a otras zonas.
Sin embargo, la presión sostenida de los manifestantes logró lo que semanas de supuestas gestiones estatales no pudieron: el restablecimiento parcial de la energía eléctrica en las últimas horas de la tarde. Este hecho confirma una dinámica recurrente y perversa en la isla: el gobierno cubano solo actúa y asigna recursos cuando la insatisfacción social amenaza con desestabilizar su control absoluto. La reposición del servicio no fue producto de la eficiencia o la empatía institucional, sino de la rendición momentánea del Estado ante la exigencia de una comunidad unida que decidió romper el silencio impuesto.
A pesar de este pequeño avance forzado por la protesta, la crisis en Seboruco está lejos de resolverse. El suministro de agua potable continúa siendo un problema crítico debido a la geografía de la zona, una zona elevada donde la distribución del líquido depende directamente de la energía eléctrica para operar las bombas hidráulicas. Aunque la corriente haya regresado de forma intermitente a algunos hogares, el daño estructural en el sistema mantiene a la población en una vulnerabilidad extrema. La falta de agua no es solo una molestia; es una amenaza directa a la salubridad pública y a la dignidad humana en medio de un entorno ya de por sí deprimido.
Contexto: El colapso infraestructural como síntoma de un modelo fallido
Para comprender la magnitud de lo que ocurre en Mayarí, es imprescindible enmarcarlo dentro de la crisis sistémica que atraviesa la isla desde hace décadas. El sistema eléctrico cubano se encuentra en un estado de postración avanzada, producto de años de falta de mantenimiento, envejecimiento de las termoeléctricas, corrupción interna y una pésima gestión de los escasos recursos disponibles. Cada fenómeno meteorológico, por moderado que sea, colapsa la frágil red nacional, dejando a millones de personas a oscuras durante semanas o incluso meses.
El régimen de La Habana ha utilizado históricamente los desastres naturales como coartada perfecta para justificar su ineficiencia crónica. Sin embargo, la realidad demostrada en comunidades como Seboruco prueba que el abandono es, en sí mismo, una política de Estado. Las zonas rurales y periféricas son las más castigadas, relegadas al ostracismo institucional mientras los menguados recursos del país se desvían hacia el sector turístico, las fuerzas represivas o el sostenimiento de las élites gobernantes. La falta de inversión en infraestructuras hidráulicas y eléctricas no es una casualidad, sino la consecuencia directa de un modelo económico centralizado y fallido que prioriza el control político por encima del bienestar y la vida de la población.
Además, la respuesta institucional ante estas crisis humanitarias sigue un patrón bien definido y predecible: ignorar el problema, negar su magnitud a través de la prensa oficial, desplegar a las fuerzas represivas para amedrentar y, finalmente, ceder parcialmente si la presión social lo exige. La policía política, que rápidamente aparece en los escenarios de protesta, no acude para resolver problemas técnicos o llevar ayuda, sino para intimidar, tomar datos y disuadir. La dictadura comprende que la unión de los ciudadanos en reclamos de derechos básicos es un peligro latente para su hegemonía, por lo que despliega sus aparatos de control incluso en medio de las tragedias más dolorosas.
El despertar de una sociedad asfixiada
Las protestas en Mayarí funcionan como un termómetro preciso de la presión social que se acumula en cada rincón de Cuba. La población ha comenzado a superar el umbral del miedo, empujada inexorablemente por el hambre, la sed y la desesperación. Cuando las condiciones de vida se vuelven insoportables, la resignación da paso a la indignación, y los calderos se transforman en instrumentos de denuncia política. La consigna de no saber a quién acudir resume el agotamiento de un pueblo que ha perdido toda confianza en cualquier instancia de mediación o en la falsa democracia participativa que pregona el discurso oficial.
El gobierno cubano se enfrenta a un escenario cada vez más insostenible. La incapacidad para garantizar los servicios mínimos de subsistencia, sumada a la represión cotidiana y al desprecio absoluto por el sufrimiento ciudadano, está cimentando las bases para un estallido social de proporciones difíciles de calcular. Mayarí no es una excepción aislada, es el espejo nítido de una Cuba que grita en la oscuridad, exigiendo dignidad, respeto y un cambio radical ante un sistema que ha demostrado, una vez más, su absoluta y criminal incapacidad para sostener la vida de su propia gente.
