El nieto de Fidel Castro ha silenciado temporalmente la promoción de sus negocios de remesas y venta de motos eléctricas en redes sociales, en medio de la ofensiva del gobierno cubano contra las mipymes y operadores cambiarios no autorizados. Mientras decenas de emprendedores son señalados y amenazados, Sandro Castro tramita una licencia para su plataforma \»Vampicash\», un proyecto de compraventa de divisas que, de aprobarse, le otorgaría el monopolio legal de una actividad por la que otros enfrentan la cárcel.
La ofensiva emprendida por las autoridades de la isla contra el sector emergente de las mipymes y los operadores de remesas ha comenzado a cobrar víctimas. En las últimas semanas, varios remesadores, cambistas y propietarios de pequeñas empresas han sido objeto de investigaciones, confiscaciones y amenazas de procesamiento penal. Sin embargo, Sandro Castro Núñez, conocido popularmente como \»el nietísimo\», ha mantenido un perfil bajo en sus redes sociales, sin abandonar sus negocios, sino replegándose a la espera de que la tormenta amaine.
Según fuentes consultadas, Castro habría presentado ante el gobierno de La Habana una solicitud para legalizar \»Vampicash\», una plataforma de intermediación cambiaria que le permitiría operar con divisas de forma oficial. La iniciativa, lejos de ser un proyecto espontáneo, habría sido recomendada por allegados con conocimiento del aparato burocrático estatal, como mecanismo para blindar sus actividades económicas y otorgarles una apariencia de legalidad que no poseen en la actualidad. El objetivo último sería obtener la categoría de Proyecto de Desarrollo Local, una figura administrativa que garantiza financiamiento y respaldo institucional.
El privilegio de la sangre en medio de la represión económica
El contraste entre la situación de Sandro Castro y la del resto de los operadores cambiarios no podría ser más elocuente. Mientras la dictadura cubana amenaza con aplicar el Código Penal a quienes especulan con divisas —delito que puede conllevar penas severas de privación de libertad—, el nieto del fallecido líder mantiene negocios que, según sus propias publicaciones en redes sociales, incluyen la intermediación de remesas, la venta de motos eléctricas y operaciones cambiarias guiadas por la tasa representativa del mercado informal publicada por plataformas independientes. Todo ello sin contar con licencias vigentes, salvo la del conocido EFE Bar, su establecimiento gastronómico en La Habana.
El caso evoca el precedente del mercado de su prima Lisa Titolo, ubicado en la misma calle del EFE Bar, que fue beneficiado con la categoría de Proyecto de Desarrollo Local pese a vender productos importados y operar con precios referenciados al mercado informal de divisas. Esa designación, reservada en la práctica para iniciativas con respaldo político, garantiza acceso a fondos de cooperación internacional que tributan al régimen de La Habana. En el entorno de Sandro Castro circula además la sospecha de vínculos con operadores financieros basados en Cancún y Miami, así como posibles socios en la isla, incluido su amigo Erick Ruiz, con quien comparte afinidad por los vehículos deportivos.
Impunidad selectiva y colapso del modelo económico
La ofensiva contra los operadores económicos informales se inscribe en un contexto de profunda crisis estructural. La inflación descontrolada, la fragmentación monetaria, el desabastecimiento crónico y la pérdida de valor del peso cubano han generado un mercado paralelo de divisas que el ejecutivo cubano intenta ahora reprimir tras haber perdido el control del mismo. La empresa estatal GAESA y el Banco Central de Cuba, instituciones con monopolio formal sobre el comercio exterior y la política cambiaria, han sido desbordados por la realidad de un mercado informal que fijaba precios con mayor credibilidad que las propias instituciones oficiales.
El reciente caso del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, detenido y destituido bajo acusaciones nunca completamente esclarecidas, ilustra la naturaleza arbitraria del control económico en la isla. Gil, elevado al cargo sin experiencia solvente en la materia, fue apartado cuando el régimen necesitó un rostro visible para la crisis. Ese mismo patrón de impunidad selectiva es el que hoy protege a Sandro Castro mientras reprime a ciudadanos comunes que ejercen idénticas actividades sin el escudo de un apellido poderoso.
La eventual aprobación de \»Vampicash\» como proyecto legal no haría más que confirmar lo que amplios sectores de la ciudadanía ya denuncian: que en Cuba la legalidad depende del linaje y la cercanía al poder, no del cumplimiento de la ley. Mientras tanto, los cubanos que dependen de las remesas para sobrevivir enfrentan un escenario cada vez más hostil, atrapados entre la represión estatal contra los operadores informales y la incapacidad del sistema bancario oficial para ofrecer alternativas viables. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su atención sobre las prácticas de persecución económica del régimen, aunque por ahora sin consecuencias tangibles para quienes diseñan y ejecutan estas políticas desde la cúpula del poder.
