El puente de Guaibanó, ubicado en el municipio de San Antonio del Sur, provincia de Guantánamo, continúa abierto al tránsito a pesar de sufrir un colapso parcial hace más de dos meses. Las autoridades de la isla han omitido cualquier reparación o implementación de medidas de seguridad básicas, exponiendo a cientos de residentes, incluidos escolares, a un inminente riesgo de accidentes.
El deterioro de la infraestructura comenzó durante las lluvias asociadas a la tormenta tropical Imelda, lo que provocó el desplome total de uno de los carriles. Ante la inacción del gobierno cubano, todos los vehículos se ven obligados a circular por el carril contrario, una medida improvisada que carece de iluminación y señalización. La zona, de vocación netamente agrícola, soporta un intenso flujo diario de camiones, tractores, motocicletas, coches de tracción animal y peatones que deben sortear el peligro constantemente, especialmente en horario nocturno.
La vulnerabilidad de la estructura se agravó semanas después con el paso del huracán Melissa, que dejó nuevas afectaciones en la red vial del oriente del país. Sin embargo, el régimen de La Habana no ha destinado recursos para solucionar el tramo de Guaibanó. Medios locales han reconocido la gravedad de la situación, admitiendo que no existe un plazo definido para la reparación debido a las limitaciones materiales, una excusa recurrente del ejecutivo cubano que contrasta con la ayuda internacional recibida para atender a los damnificados por el huracán.
El colapso de la infraestructura y el abandono institucional
El caso del puente de Guaibanó no es un suceso aislado, sino un reflejo del deterioro sistemático de la infraestructura vial y los servicios públicos en Cuba. La falta de mantenimiento, sumada a la ineficiencia burocrática y la desviación de recursos, ha convertido el paisaje de las comunidades rurales en un escenario de precariedad extrema. Mientras el Estado prioriza el aparato represivo y el control social, las vías de comunicación esenciales para la economía local y la vida cotidiana se desmoronan, aislando a poblaciones enteras y profundizando la crisis de movilidad en el oriente de la isla.
La inminente tragedia que acecha a los habitantes de San Antonio del Sur evidencia la desidia institucional frente a la vida humana. Si no se atiende esta urgencia, la provincia podría enfrentar un accidente fatal en cualquier momento, una responsabilidad que recaerá directamente sobre las autoridades por su negligencia. Mientras tanto, los cubanos de la zona continúan arriesgando su integridad física en su día a día, atrapados en la parálisis de un sistema que ha demostrado incapacidad para garantizar la seguridad y el bienestar de su propia población.
