El economista Pedro Monreal alertó que, aplicando la línea internacional de pobreza extrema del Banco Mundial, la totalidad de los trabajadores del sector estatal en Cuba cae en la categoría de indigencia. El régimen de La Habana, además, ha omitido entregar sus datos de pobreza al último informe de la CEPAL, evidenciando una creciente opacidad sobre la magnitud de la crisis económica que azota a la isla.
A partir del salario medio estatal de 6.685 pesos cubanos (CUP) y el tipo de cambio oficial fijado por el gobierno cubano (1 USD = 120 CUP), un trabajador promedio percibe apenas unos 55 dólares mensuales. Esta cifra se traduce en aproximadamente 1,8 dólares diarios, situándose por debajo del umbral de 2,15 dólares diarios establecido por el Banco Mundial en 2022 para definir la pobreza extrema. Esta franja indica la incapacidad de disponer de ingresos suficientes para cubrir siquiera las necesidades alimentarias básicas.
La situación adquiere mayor gravedad ante la ausencia de cifras oficiales que permitan dimensionar el problema. El informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, publicado recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), no incluye estimaciones de pobreza monetaria para la isla. El ejecutivo cubano ha dejado de reportar estos indicadores, impidiendo a los organismos internacionales medir el verdadero impacto de la crisis estructural que sufre la población y aislando al país de las estadísticas comparables de la región.
El colapso económico y la precariedad estructural
Este empobrecimiento generalizado no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de las políticas fallidas del régimen de La Habana. La galopante inflación, el desabastecimiento crónico de productos de primera necesidad y la devaluación constante de la moneda nacional han destruido el poder adquisitivo de los ciudadanos. Monreal advirtió además que, si se aplicara la tasa de cambio del mercado informal, el desastre económico sería aún más profundo, empujando a amplios sectores de la población a la indigencia absoluta.
La negativa de la dictadura cubana a transparentar sus indicadores sociales refleja su intención de ocultar el fracaso de su modelo económico centralizado y sin control democrático. Mientras la opacidad gubernamental intenta maquillar la realidad, el éxodo migratorio masivo y el deterioro de las condiciones de vida continúan profundizándose sin soluciones a la vista.
La comunidad internacional y los organismos multilaterales enfrentan el reto de exigir a las autoridades de la isla la rendición de cuentas sobre la crisis humanitaria que se desarrolla bajo su responsabilidad. En un momento en que la CEPAL insiste en que la erradicación de la pobreza extrema es un objetivo prioritario para el desarrollo de América Latina, Cuba se mantiene como un agujero negro de información, donde el Estado reconoce a duras penas que sus propios trabajadores no logran llegar a fin de mes.
