El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que la privación de libertad de 49 cubanos detenidos durante las protestas del 11 de julio de 2021 carece de fundamento legal y viola múltiples derechos humanos. El organismo internacional exige al régimen de La Habana la liberación incondicional de los presos, así como el pago de indemnizaciones, al advertir un patrón sistemático de represión política en la isla.
Las resoluciones, identificadas con los números 57/2025 y 46/2025, analizan dos grupos de procesados. El primero corresponde a 33 personas juzgadas bajo jurisdicción militar en Güira de Melena, Artemisa, mientras que el segundo abarca a 16 individuos encausados por tribunales ordinarios en Santa Clara. En ambos expedientes, los expertos de la ONU determinaron que las autoridades judiciales basaron las condenas en tipos penales ambiguos para sancionar el ejercicio pacífico de la libertad de expresión, evidenciando además un patrón de discriminación por motivos políticos, religiosos y de género.
La dictadura cubana recurrió a la jurisdicción castrense para enjuiciar a civiles en el caso de Güira de Melena, un proceso plagado de irregularidades que vulnera los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La opinión de la ONU detalla que este expediente fue remitido al relator especial sobre la tortura debido a las constantes denuncias de malos tratos, golpizas, confinamiento en celdas de castigo y la negación de asistencia médica a reclusos con enfermedades crónicas como VIH, diabetes y trastornos psiquiátricos.
Un patrón sistemático de represión estatal
Las detenciones analizadas se enmarcan en la respuesta represiva del gobierno cubano frente al estallido social del 11 de julio de 2021. Tras las manifestaciones pacíficas que surgieron en San Antonio de los Baños y se extendieron a nivel nacional, el ejecutivo cubano desplegó un operativo de seguridad para silenciar el descontento. Los documentos de la ONU recuerdan que, en medio de la crisis, el mandatario oficialista calificó a los manifestantes de \»delincuentes\» e hizo un llamado público \»al combate\», legitimando la violencia estatal contra la ciudadanía que exigía cambios.
El Grupo de Trabajo advirtió que estos casos no son hechos aislados, sino que reflejan una \»práctica generalizada o sistemática de detención arbitraria\» en el país, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional. Esta advertencia recae sobre un Estado que continúa profundizando la crisis estructural, la falta de libertades y el colapso social que motivó el éxodo migratorio y las protestas. La exigencia de reparación integral para los 49 afectados pone de relieve la responsabilidad del régimen en el uso del aparato judicial para criminalizar la disidencia y mantiene la presión sobre La Habana para que rinda cuentas por sus violaciones a los derechos fundamentales.
