El preso político Yosvani Rosell García Caso, condenado a 15 años por las protestas del 11J, fue trasladado a un centro hospitalario en Holguín tras alcanzar 29 días de huelga de hambre. Su esposa denunció el crítico estado de salud del recluso, quien mantiene su protesta exigiendo la liberación de los manifestantes encarcelados, mientras la comunidad internacional alerta sobre los abusos en las cárceles de la isla.
La esposa del recluso, Mailín Rodríguez Sánchez, confirmó que García Caso fue ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico «Lucía Íñiguez Landín» de Holguín. El traslado se produjo después de que su familiar lo visitara en la prisión CubaSí y lo encontrara en un estado de debilidad extrema, incapaz de sostenerse en pie y confinado a una silla de ruedas. El recluso inició esta protesta para denunciar el encierro de los presos políticos del 11 de julio, quienes permanecen en las cárceles sin una respuesta institucional favorable a su situación jurídica.
García Caso, de 37 años, cumple una de las sentencias más severas impuestas a los más de mil cubanos procesados por las manifestaciones de 2021, al haber sido condenado a 15 años de privación de libertad bajo el cargo de \»sedición\». Durante su encierro, la dictadura cubana ha ejercido contra él un patrón de represalia que incluye palizas, confinamiento en celdas de castigo, amenazas de muerte y la negación sistemática de atención médica. Rodríguez Sánchez también ha solicitado asistencia religiosa para su esposo, una gestión que las autoridades penitenciarias aún no han autorizado, aumentando la incertidumbre sobre la supervivencia del recluso.
Reacción internacional y represión sistemática
La alarmante situación del prisionero ha motivado pronunciamientos por parte de la comunidad internacional. La Embajada de Estados Unidos en La Habana condenó los abusos y malos tratos que sufren los reclusos políticos bajo el control del régimen de La Habana. A través de un comunicado, la sede diplomática calificó de preocupante el estado de García Caso, señaló que su huelga de hambre es una denuncia ante los constantes abusos en el sistema penitenciario y se sumó a las exigencias para la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por motivos políticos en el país.
El caso de García Caso ilustra la profundidad de la crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa la isla. El gobierno cubano ha optado por el endurecimiento penal y la represión selectiva como mecanismos para silenciar el descontento social frente al colapso económico, la inflación y el desabastecimiento generalizado. La negación de garantías procesales y el uso de la prisión como herramienta de aniquilamiento física y psicológica auguran un escenario de mayor inestabilidad interna, donde la presión diplomática internacional se posiciona como una vía indispensable para mitigar el riesgo de pérdida de vidas en las prisiones del país.
