Agencias federales de Estados Unidos han ampliado sus investigaciones sobre una presunta red de cabildeo e influencia impulsada por el régimen de La Habana. Funcionarios de los departamentos de Justicia, Estado y del Tesoro escrutan cómo diplomáticos cubanos y organizaciones de solidaridad han operado durante décadas para alterar la política de Washington hacia la isla.
Las pesquisas revelan cómo el gobierno cubano habría construido una estructura de actores políticos capaces de presionar gobiernos locales, sindicatos y espacios de la vida pública estadounidense. Uno de los focos de atención es David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington. Un video difundido recientemente lo muestra en una reunión el 9 de mayo en California, donde discutió estrategias de cabildeo con activistas para eliminar sanciones estadounidenses, presionar a congresistas federales y promover resoluciones alineadas con los intereses de La Habana.
Sin embargo, este episodio no constituye un hecho aislado. Registros públicos indican que diplomáticos cubanos han participado sistemáticamente en encuentros con organizaciones estadounidenses que posteriormente impulsan resoluciones favorables a las posiciones del ejecutivo cubano. A inicios de 2024, la embajadora Lianys Torres Rivera se reunió en Maine con grupos como Democratic Socialists of America, el Partido Comunista de Maine y Veterans for Peace. Durante el encuentro, la diplomática instó a los asistentes a ejercer presión sobre autoridades municipales y federales para lograr la exclusión de Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y el levantamiento del embargo.
Una estrategia de influencia documentada durante décadas
Una investigación independiente ha documentado más de 100 resoluciones en EE.UU. que evidencian esta campaña. A través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y programas de Ciudades Hermanas, las autoridades de la isla han orquestado operaciones para evadir el escrutinio internacional y lavar su imagen. Esta ofensiva diplomática ocurre en medio de la profunda crisis estructural que sufre la isla, marcada por la inflación galopante, el colapso de los servicios básicos, el desabastecimiento y un éxodo migratorio sin precedentes.
En lugar de atender las necesidades urgentes de la ciudadanía, el régimen de La Habana prioriza la manipulación informativa en el exterior para mitigar el impacto de las sanciones derivadas de sus propias políticas represivas. El escrutinio de las agencias estadounidenses podría derivar en un endurecimiento contra las organizaciones que actúan como correas de transmisión del gobierno cubano en EE.UU. Las implicaciones políticas de estas investigaciones no solo amenazan con aislar aún más a la dictadura cubana en el ámbito diplomático, sino que exponen la hipocresía de un sistema que, mientras reprime y silencia a su propio pueblo, financia y coordina campañas para influir en la política exterior de Washington.
