Organizaciones de la sociedad civil documentaron el asesinato de Liena de la Caridad Reinoso Ramos a manos de su expareja en la vía pública. El crimen eleva a 40 los feminicidios verificados en la isla durante el presente año, evidenciando la inacción del régimen de La Habana frente a la violencia machista.
La joven, de profesión enfermera, fue atacada con extrema violencia el pasado 6 de noviembre en el barrio La Conchita, en la ciudad de Pinar del Río. Según la información verificada por el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) a través de fuentes comunitarias, el perpetrador fue el exconcubino de la víctima. Este nuevo caso se suma a una escalada de crímenes de odio por motivos de género que azota a la nación caribeña.
Hasta la fecha, los registros de ambas plataformas independientes contabilizan 40 feminicidios, 15 tentativas y varias alertas de crímenes machistas en provincias como Santiago de Cuba y Villa Clara. Estas cifras contrastan con la opacidad del gobierno cubano, que evita tipificar legalmente el feminicidio y se limita a publicar estadísticas fragmentadas. Recientemente, el Observatorio de Igualdad de Género estatal reportó 76 mujeres asesinadas en procesos judiciales concluidos, pero omitió deliberadamente el término \»feminicidio\», reflejando la negación institucional del problema.
Opacidad institucional y criminalización del activismo
Desde 2019, las organizaciones feministas han verificado al menos 300 feminicidios en la isla, una labor que realizan en un entorno de constante hostigamiento. La dictadura cubana mantiene una política de criminalización hacia el activismo feminista, restringiendo el acceso a fuentes institucionales y negando a la ciudadanía datos desagregados que permitan dimensionar la tragedia. La ausencia de una ley integral contra la violencia de género y de protocolos públicos de registro es una responsabilidad directa del Estado, que prioriza el control político sobre la protección de la vida de las mujeres.
Mientras las autoridades de la isla diluyen la gravedad de los hechos bajo eufemismos como \»violencia de género extrema\», los colectivos independentes insisten en la urgencia de nombrar la crisis y exigir rendición de cuentas. La falta de voluntad política del ejecutivo cubano para abordar esta emergencia presagia un agravamiento de la crisis de derechos humanos. Ante esta realidad, la presión de la comunidad internacional y la documentación ciudadana se erigen como los únicos mecanismos para visibilizar el costo humano del abandono estatal.
