El Sistema de Naciones Unidas en Cuba ha actualizado la cifra de viviendas afectadas por el huracán Melissa a más de 90.000, superando en un 15% los balances preliminares del gobierno cubano. La organización internacional advirtió que las instituciones del país están \»abrumadas\» ante la magnitud de la catástrofe, que también ha arrasado unas 100.000 hectáreas de cultivos en el oriente de la isla.
Una misión de evaluación de la ONU recorrió las provincias más golpeadas —Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Guantánamo— y calificó la devastación como \»enorme\». Los informes preliminares detallan que, además de la pérdida de hogares y siembras, el meteoro dañó cerca de 600 infraestructuras médicas estatales y más de 2.000 centros educativos. El colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la destrucción de viales, puentes y redes de comunicación mantienen a un tercio de los clientes en la región oriental sin servicio eléctrico casi dos semanas después del impacto del ciclón.
Estos datos contrastan con el balance difundido la semana pasada por el ejecutivo cubano, que reportó 76.689 viviendas afectadas y 47.833 hectáreas agrícolas perjudicadas. Durante una reunión televisada del Consejo de Defensa Nacional, el gobernante Miguel Díaz-Canel admitió que las cifras oficiales quedaban por debajo de la realidad y reconoció que se avecina \»la etapa más dura\» de una recuperación que \»va a demorar\». El coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, confirmó esta visión al señalar que, pese a los esfuerzos para evacuar a 735.000 personas y evitar víctimas mortales, las autoridades nacionales están desbordadas y requieren urgentemente el respaldo de la comunidad internacional.
Una crisis humanitaria sobre un colapso estructural
La catástrofe provocada por el huracán Melissa, que cruzó la isla el 29 de octubre como categoría 3, golpea a una nación ya sumida en una profunda crisis económica y social. El régimen de La Habana llega a esta emergencia tras más de cinco años de escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible, acompañada de una inflación galopante y apagones diarios que han incentivado un éxodo migratorio sin precedentes. La falta de mantenimiento a la infraestructura pública, consecuencia directa de años de mala gestión y de la priorización del control político sobre el bienestar ciudadano, ha exacerbado la vulnerabilidad de la población frente a los fenómenos meteorológicos.
Para hacer frente a la emergencia, el sistema de Naciones Unidas ha presentado un Plan de Acción inicial de 74,2 millones de dólares, destinado a asistir a un millón de las 3,5 millones de personas damnificadas. Sin embargo, el propio Pichón reconoció que este fondo ha subestimado los daños materiales tras las evaluaciones sobre el terreno. Mientras agencias como UNICEF, OCHA y la OMS activan la respuesta humanitaria junto a la ayuda de la Unión Europea y países latinoamericanos, la ciudadanía cubana se enfrenta a un futuro incierto. La lentitud y la ineficiencia burocrática del gobierno cubano, sumadas a la precariedad estructural previa, presagian una recuperación prolongada que amenaza con agravar aún más las condiciones de vida en la isla.
