Las autoridades de la isla arrestaron a Elizabeth González Díaz y a su pareja en la provincia de Holguín, señalados como responsables de la brutal agresión física y psicológica contra una niña de 10 años. La detención se produjo tras la indignación generalizada provocada por la difusión de un video en redes sociales donde se observa a la mujer golpeando salvajemente a su hija.
La Policía Nacional Revolucionaria, en coordinación con la Fiscalía Provincial, ejecutó la orden de captura para interrogar a ambos implicados, quienes permanecen bajo custodia. El caso salió a la luz pública este fin de semana cuando circuló un video grabado presuntamente por el padrastro. En las imágenes se evidencia a la madre golpeando a la menor —identificada como Diagni Daniela González González— con un palo, supuestamente por malas notas escolares, mientras obligaba a otro de sus hijos a arrojarle agua fría encima como parte del castigo.
La rápida identificación de la agresora fue posible gracias al trabajo de la activista Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs, quien recopiló testimonios de los propios vecinos de la localidad. Estos describieron a González Díaz como una persona con un historial de comportamiento violento desde su juventud. Lafita catalogó los hechos como un claro ejemplo de \»tortura psicológica\» hacia los menores involucrados, exigiendo pronta justicia ante la gravedad de los hechos.
Colapso del sistema de protección infantil en Cuba
Este episodio de violencia doméstica no es un suceso aislado, sino que refleja el profundo deterioro del tejido social y la ineficacia de los mecanismos de protección a la infancia. El régimen de La Habana ha mantenido un sistema deficiente que falla sistemáticamente en prevenir el abuso y el abandono infantil, dejando a los menores en un estado de absoluta vulnerabilidad frente a la crisis estructural que atraviesa el país.
La indignación ciudadana contrasta con la opacidad y disparidad del sistema judicial. Recientemente, un fallo del Tribunal Provincial Popular de La Habana generó severas críticas al condenar a ocho y diez años a una madre y su pareja por corrupción y abusos sexuales a menores, evidenciando una respuesta institucional tardía y débil. Mientras la dictadura cubana prioriza la represión política y el control social, la ciudadanía exige un marco legal e institucional real que proteja a la niñez, antes de que casos como el de Holguín sigan exponiendo la indefensión de los más pequeños en la isla.
