El jefe del Departamento de Policía de Miami, Manuel A. Morales, ha activado una investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para identificar y procesar a los responsables del canal de YouTube \»Guerrero Cubano\», vinculado a la Seguridad del Estado de la isla, tras emitir amenazas directas contra su vida y la de otros miembros del exilio.
Morales confirmó que se ha generado un reporte policial y que sus oficiales trabajan en estrecha colaboración con agentes federales. El objetivo primario de la pesquisa es desarticular este canal propagandístico, para posteriormente presentar las evidencias ante la Fiscalía Federal de Estados Unidos y evaluar los cargos correspondientes. El funcionario subrayó la gravedad de que individuos desde el exterior pretendan amedrentar a un ciudadano estadounidense en el ejercicio de su servicio público, un hecho que calificó como sumamente serio.
Las intimidaciones surgieron tras la participación de Morales en la conferencia internacional \»Salvar a Cuba\», donde expuso su visión sobre la reconstrucción de las fuerzas del orden en un escenario de transición democrática. En un video difundido posteriormente, una voz anónima advirtió que la vida de las personas en Estados Unidos \»no está garantizada\» y que \»el peligro está por doquier\». El director del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez-Boronat, también fue objeto de los ataques en el mismo material audiovisual.
La transnacionalización de la represión digital
El perfil \»Guerrero Cubano\» cuenta con un amplio historial de hostigamiento y difamación contra figuras de la oposición y el exilio, habiendo sido suspendido en múltiples ocasiones por violar políticas contra la incitación al odio en plataformas como YouTube y Twitter. Según investigaciones del proyecto Represores cubanos, detrás de esta fachada digital opera el coronel Pedro Orlando Martínez Fernández, jefe del Organismo Político de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Este episodio evidencia cómo la dictadura cubana ha exportado su aparato represivo, utilizando operadores digitales para perseguir y amedrentar a críticos más allá de sus fronteras, en clara violación del estado de derecho de otras naciones.
La respuesta de las autoridades estadounidenses a este incidente sentará un precedente crucial frente a las operaciones de inteligencia y propaganda del régimen de La Habana en territorio extranjero. La persecución a funcionarios públicos y activistas por parte de la dictadura no solo representa un desafío a la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que reafirma la urgencia de mecanismos más severos que protejan a la diáspora cubana de la transnacionalización del terror de Estado.
