Residentes del reparto Altamira, en Santiago de Cuba, se manifestaron este lunes en las calles para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable, del cual llevan privados entre tres y cuatro meses. La protesta, surgida ante la inacción de las autoridades locales, logró una respuesta inmediata pero insuficiente por parte del gobierno, evidenciando el profundo deterioro de los servicios básicos en la isla.
La movilización tuvo lugar en la intersección de la calle 19 y Van Van, donde los habitantes de la zona se vieron obligados a presionar públicamente para obtener una atención institucional. Una vecina, bajo condición de anonimato, detalló la gravedad de la situación, señalando que la falta del vital líquido ha alterado por completo la vida cotidiana, privándolos incluso del sueño para vigilar la eventual llegada de agua. Tras la manifestación, las autoridades de la isla enviaron una pipa, un recurso que resultó insuficiente y desató disputas entre los propios pobladores debido a la escasez extrema.
El régimen de La Habana, a través del Gobierno provincial de Santiago de Cuba, ha reconocido que la entidad atraviesa una de las crisis hidrológicas más severas desde 2014. Según las propias cifras oficiales, más de 400.000 personas se encuentran afectadas en 59 comunidades. La falta de electricidad es responsable del 50 % de las incidencias, seguida por la sequía con un 32 % y el deterioro de los equipos de bombeo con un 10 %. Estos datos ilustran el colapso estructural de la infraestructura básica, consecuencia directa de décadas de falta de inversión y mantenimiento por parte del ejecutivo cubano.
Un colapso que trasciende la sequía
El desabastecimiento en Altamira no es un hecho aislado, sino un síntoma más de la profunda crisis sistémica que atraviesa la nación. La intermitencia del servicio eléctrico, la obsolescencia de las redes hidráulicas y la incapacidad logística para garantizar recursos esenciales se entrelazan con la inflación galopante y el éxodo migratorio masivo. Ante la ausencia de canales democráticos para exigir mejoras, la ciudadanía se ve forzada a recurrir a la protesta pública como único mecanismo para llamar la atención de una burocracia que ignora sus necesidades más elementales hasta que la presión social estalla en las calles.
Aunque tras la protesta las autoridades intentaron reactivar la red de distribución, la geografía del reparto Altamira, situado en una zona elevada, impidió que el agua llegara a las viviendas. Según explicaron los residentes, se requeriría un bombeo continuo durante al menos dos semanas para que el líquido alcance las cisternas domésticas, una meta poco realista dada la inestabilidad energética nacional. Esta respuesta tardía e ineficaz de la dictadura cubana deja a cientos de familias en una vulnerabilidad extrema, demostrando que las demandas ciudadanas solo reciben atención superficial frente a un colapso de servicios que se profundiza sin visos de solución.
