Un tribunal de Santiago de Cuba ha impuesto una pena de cuatro años y seis meses de prisión a Julio César Duque de Estrada Ferrer por los supuestos delitos de desobediencia y atentado, tras ser detenido mientras filmaba con su teléfono móvil una larga fila para adquirir gas licuado. La condena, emitida por el Tribunal Municipal Popular, evidencia una vez más la criminalización de la libertad de expresión y el uso de la justicia para silenciar a la ciudadanía.
Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2024, cuando Duque de Estrada, de 56 años, ejercía su derecho a documentar la realidad cotidiana en la vía pública. Un oficial de la contrainteligencia, identificado como Mario Raciel Soulary Garcés, le ordenó detener la grabación y exigir la entrega de su dispositivo. Según detalló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la actuación del agente fue ilegal y desproporcionada, derivando en un proceso judicial que la organización de la sociedad civil tildó de \»farsa\» por vulnerar múltiples garantías fundamentales.
La sentencia fue dictada por la jueza Irina Diaz Delis, junto a los magistrados Hugo Liens Martínez y Noelia Rodríguez Martínez, quienes se limitaron a ratificar la versión policial sin mostrar independencia judicial alguna. El OCDH también cuestionó severamente que un militar asumiera funciones de policía civil, una práctica que contradice los estándares internacionales de derechos humanos, salvo en estados de excepción que de ningún modo justifican el acoso a un civil por usar su teléfono móvil en un espacio público.
Represión frente al colapso de los servicios básicos
El caso de Duque de Estrada no es un hecho aislado, sino que se enmarca en el patrón sistemático de represión que ejerce el régimen de La Habana contra quienes intentan visibilizar el deterioro de la infraestructura pública. Grabar una cola para obtener gas es exponer la profunda crisis energética y el desabastecimiento que azota a la isla, una realidad que las autoridades intentan ocultar a toda costa. Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH, advirtió que con esta condena se está castigando el derecho de la población a denunciar la pobreza y la miseria extrema que sufren diariamente.
La severidad de la pena cobra una dimensión aún más alarmante al conocerse que Duque de Estrada es padre del prisionero político Dairon Duque Estrada Aguilera, lo que confirma el uso de la persecución familiar como herramienta de escarmiento por parte del Estado. Esta nueva sentencia envía un mensaje de terror a la sociedad civil y expone a la comunidad internacional el endurecimiento de la censura en Cuba, donde ejercer el derecho a la información se castiga con años de cárcel mientras los responsables de la arbitrariedad policial gozan de total impunidad.
