La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) incluyó en su lista de represores a dos individuos que grabaron y delataron ante el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) a los participantes de una protesta ocurrida recientemente en Gibara, Holguín. Como resultado de esta colaboración con la dictadura, al menos siete vecinos fueron detenidos tras exigir mejoras en los servicios básicos.
Los señalados, identificados como Adrián Pupo Cuesta (alias El Mocho) y Wilder César Tejeda Ruiz, fueron catalogados por la organización como \»represores violentos\». Según los expedientes compilados, ambos utilizaron sus teléfonos móviles para espiar y grabar a los ciudadanos que salieron a las calles el 13 de septiembre para reclamar electricidad, alimentos y libertad. La información recopilada fue entregada a la Policía política, lo que derivó en la detención de al menos siete personas en la madrugada, entre ellas Dairan Bermúdez Batista, Reymundo Galbán Claro y Pedro José.
En un intento por minimizar la magnitud del descontento social, el régimen de La Habana ha difundido una versión edulcorada de los hechos a través de perfiles vinculados a la Seguridad del Estado. En estas publicaciones, las autoridades de la isla aseguran que el encuentro con los pobladores del barrio Güirito transcurrió \»sobre la base de la empatía y el respeto\», planteando que los ciudadanos se retiraron a sus hogares tras un \»diálogo asertivo\». Sin embargo, las detenciones posteriores evidencian el patrón habitual de la dictadura cubana: silenciar cualquier expresión de inconformidad mediante el miedo y la persecución selectiva.
Mecanismo de vigilancia y crisis estructural
El accionar de estos colaboradores no es un hecho aislado, sino parte del aparato de vigilancia y delación que sostiene al sistema autoritario en medio de una profunda crisis estructural. El colapso del sistema electroenergético, la escasez crónica de alimentos y la falta de libertades fundamentales han provocado un aumento de las protestas espontáneas en toda la isla. Frente a esto, el gobierno cubano ha optado por intensificar la represión de bajo perfil, utilizando a ciudadanos como herramientas para amedrentar a sus propios vecinos y evitar el estallido social.
Desde la FDHC se ha advertido que estos informantes serán continuamente investigados y expuestos, recordando que su complicidad con la represión conlleva serias implicaciones legales y migratorias. La organización subrayó que la participación en estos mecanismos de espionaje y hostigamiento, tipificados incluso como crímenes de lesa humanidad por persecución política, puede resultar en la negación de remesas y visas estadounidenses. Para la ciudadanía, el mensaje es claro: la red de delación que alimenta a la dictadura sigue operando en las sombras, pero sus integrantes enfrentarán un escrutinio internacional cada vez mayor que pondrá en riesgo su futuro y su libertad de movimiento.
