Mireya Jiménez, exintegrante de la Marina Mercante cubana, relata desde el exilio las condiciones de explotación y vigilancia a las que fueron sometidos los trabajadores de la isla durante décadas. Su testimonio, marcado por el recuerdo de la revuelta popular contra Nicolae Ceaușescu en Rumanía, evidencia el miedo institucionalizado por el régimen de La Habana y su llamado a la movilización ciudadana como única vía hacia la libertad.
Jiménez describe su paso por la Marina Mercante como un sistema de trabajo forzado bajo vigilancia estricta. Relata que cualquier contacto con la comunidad exiliada en puertos extranjeros podía derivar en detenciones en la temida sede de la Seguridad del Estado, Villa Marista, y la posterior expulsión de la empresa. La exmarinera asegura que el gobierno cubano sembraba el terror entre los tripulantes, llegando a desaparecer a compañeros durante semanas bajo acusaciones infundadas de espionaje, con el objetivo de garantizar el control absoluto sobre la flota.
El impacto de la revuelta rumana y el silencio impuesto en Cuba
Uno de los episodios centrales de su experiencia ocurrió a finales de los años ochenta en Rumanía, donde fue testigo del levantamiento popular que culminó con la captura y ejecución del dictador Nicolae Ceaușescu. Jiménez recuerda haber presenciado la movilización ciudadana y la respuesta militar, un evento que, según afirma, despertó en ella el deseo de una liberación similar para la isla. Ante el riesgo de que los marineros cubanos presenciaran el colapso de un régimen comunista, las autoridades de la isla ordenaron su regreso inmediato en un buque en deficientes condiciones, poniendo en riesgo la vida de toda la tripulación.
La también trabajadora desmiente la narrativa oficial sobre la escasez en el país. Durante sus viajes, constató la existencia de buques repletos de combustible que no podían descargar debido a la falta de infraestructura y la ineficiencia estatal, no por la falta de suministros. A esto se suma la humillación económica: los marineros percibían sus salarios en dólares en el extranjero, pero estaban obligados a entregarlos al ejecutivo cubano al regresar, limitando su poder adquisitivo a tiendas estatales específicas. Esta política de segregación económica calificaba a los trabajadores como ciudadanos de segunda clase en su propio país.
Represión familiar y la urgencia de un cambio sistémico
El costo de su postura crítica ha trascendido su propio exilio. Jiménez denuncia que la dictadura cubana ha ejercido represalias contra su familia en la isla, incluyendo asedios a su hija y nietos, así como un acto de repudio contra su sobrina en su centro de trabajo. Estas prácticas de amedrentamiento son una constante en el accionar del aparato represivo para silenciar las voces disidentes, evidenciando la vulneración sistemática de los derechos humanos y la falta de garantías para la ciudadanía.
Desde su perspectiva actual, la exmarinera sostiene que la solución a la crisis estructural de Cuba requiere de una movilización masiva e inclusiva de la sociedad civil. Considera que la reconstrucción nacional deberá iniciar desde cero, priorizando la erradicación del adoctrinamiento en el sistema educativo y la reestructuración del sector salud. Para Jiménez, mientras la población no asuma un rol protagónico en las calles exigiendo sus derechos, el régimen de La Habana continuará perpetuando un modelo basado en el control, el miedo y la dependencia del exilio.
