Pese a su legado militar y cívico, la figura de José Francisco Martí Zayas-Bazán permanece marginada del imaginario histórico cubano, un silencio que se materializa en la ruina de su casa natal en El Cerro y en la expropiación de su residencia en El Vedado por parte del Estado.
La vivienda en la calle Tulipán número 32, esquina a Clavel, donde José Martí vivió con Carmen Zayas-Bazán y donde nació su único hijo en 1878, yace hoy en ruinas tras un derrumbe parcial. Las autoridades de la isla no han colocado siquiera una placa conmemorativa en el lugar, y sus habitantes se negaron a abandonar los escombros para evitar los precarios albergues estatales. Este abandono físico refleja el desconocimiento generalizado en la población sobre la vida de \»Pepito\», a quien la mayoría identifica únicamente por el poemario \»Ismaelillo\», desconociendo su trayectoria como individuo.
Lejos de ser un mero receptor de dedicatorias poéticas, José Francisco Martí se incorporó al Ejército Mambí a los 18 años, alcanzando el grado de capitán bajo las órdenes del general Calixto García. Tras la guerra, enfrentó las precariedades económicas trabajando como aduanero y bibliotecario, lo que le impidió costear estudios universitarios. Su carrera posterior fue notable: llegó a ser jefe del Estado Mayor General y sirvió como traductor para figuras estadounidenses de ocupación como William H. Taft. Su integridad ética quedó evidenciada en 1933, cuando se negó a que su imagen fuera utilizada para postular a cargos públicos, argumentando que el sistema electoral estaba corrompido y que ello implicaba una deshonra para él y para su padre.
La confiscación del legado familiar
El desenlace de su patrimonio personal ilustra otra cara del control histórico ejercido por el régimen de La Habana. Tras su fallecimiento en 1945, su viuda, María Teresa Bances, continuó residiendo en la casona de Calzada 807, esquina a 4, en El Vedado, hasta su muerte en 1980. Aunque la versión oficial sostiene que Bances legó voluntariamente el inmueble y sus valiosos bienes al gobierno cubano para fundar el Centro de Estudios Martianos, diversas fuentes señalan que el Estado ejerció una prolongada presión para confiscar el acervo documental y artístico, con el interés explícito de Fidel Castro de apoderarse del legado familiar.
Esta manipulación de la memoria histórica y el abandono patrimonial no son hechos aislados, sino síntomas del colapso estructural que sufre la isla. La incapacidad del ejecutivo cubano para preservar el patrimonio nacional se extiende desde las casonas republicanas en ruinas hasta el fondo habitacional de barrios enteros, mientras la narrativa oficial se reserva el derecho de censurar o exaltar figuras del pasado según su conveniencia ideológica. El caso de la familia Martí es un ejemplo claro de cómo el poder administra la historia para legitimar su discurso, marginando a aquellos que no encajan en la hagiografía revolucionaria.
El silenciamiento de José Francisco Martí Zayas-Bazán y el deterioro de sus espacios vitales representan una pérdida irreparable para la identidad nacional. Mientras la dictadura cubana mantenga su monopolio sobre la narrativa histórica y la propiedad estatal, figuras incómodas por su independencia moral o su falta de alineación con la ortodoxia del poder seguirán condenadas al ostracismo. La recuperación de la verdad sobre el hijo del Apóstol dependerá, en última instancia, de la apertura democrática y del cese de la censura intelectual en la isla.
