La empresa canadiense Sherritt International Corporation ha evidenciado en su informe financiero del segundo trimestre de 2025 la profunda incapacidad del régimen de La Habana para honrar sus compromisos económicos, acumulando una deuda impaga que asciende a 344.1 millones de dólares con sus socios extranjeros.
Según el reporte corporativo, entre abril y junio el gobierno cubano apenas logró abonar seis millones de dólares de los 14 millones facturados por la empresa conjunta en Moa. Esta carencia crónica de liquidez ha elevado el saldo pendiente, dejando en evidencia que la repatriación de fondos desde la isla está supeditada a la disponibilidad de divisas y a las decisiones arbitrarias del ejecutivo cubano. La empresa advierte que el ritmo de recuperación de los pagos sigue siendo incierto, agravado por el hecho de que la deuda no genera intereses ni está respaldada por activos específicos, lo que representa un riesgo financiero considerable para los inversores.
A la asfixia financiera se suma la fragilidad operativa en la isla. La producción atribuible de Sherritt durante este período cayó a 1.700 toneladas de níquel y 200 de cobalto, una disminución respecto al año anterior atribuida a cuellos de botella operativos y paradas de mantenimiento. Aunque los costos unitarios de producción en la planta de Moa se redujeron de 7.21 a 5.38 dólares por libra de níquel, la compañía canadiense reconoce que cualquier mejora operativa está condicionada a la estabilidad económica del país y a la capacidad del socio estatal para cumplir con sus obligaciones de financiamiento.
El colapso económico y la incertidumbre institucional
La situación de Sherritt es un reflejo del desplome estructural que sufre la nación. La inflación galopante, la devaluación del peso cubano y los incesantes problemas logísticos representan amenazas constantes para la continuidad de cualquier proyecto extranjero en el país. Las políticas implementadas por el régimen cubano han ahuyentado la inversión y estrangulado la producción nacional, empujando a la ciudadanía a un desabastecimiento extremo y a un éxodo migratorio sin precedentes. La incapacidad de las autoridades de la isla para generar divisas de manera sostenible demuestra el fracaso del modelo centralizado, donde la prioridad estatal no es el desarrollo, sino el control político a través de la represión y el monopolio de los recursos.
De cara al futuro, la empresa mantiene su proyección de producción para 2025, pero advierte que la rentabilidad de sus operaciones en Cuba depende de factores completamente fuera de su control corporativo. La segunda fase de expansión en Moa, que incluye una planta de sulfato de amonio, aún no alcanza la producción comercial, y cualquier retraso adicional podría tensar las relaciones con socios y acreedores. Este escenario envía una señal alarmante a la comunidad internacional y a otros inversores sobre el riesgo inminente de hacer negocios en un país secuestrado por una dictadura que prioriza su supervivencia sobre el cumplimiento de sus obligaciones financieras y el bienestar de su pueblo.
