LA HABANA, Cuba. — Los salarios de miles de trabajadores cubanos permanecen inmovilizados en tarjetas bancarias debido al rechazo generalizado al pago electrónico por parte del sector privado y estatal. La política de \»bancarización\» impulsada por el gobierno cubano ha colapsado en la práctica, evidenciando un fracaso estructural que agrava la crisis económica y limita el acceso de la población a bienes de primera necesidad.
El caso de Nancy, profesora universitaria, ilustra la precariedad del sistema actual. Su salario mensual de 6.000 pesos, equivalente a apenas 15 dólares en el mercado informal, permanece intacto en su cuenta una semana después de haber sido depositado. La imposibilidad de extraer efectivo le impide realizar compras básicas en las mipymes, los comercios minoristas que hoy funcionan como principal fuente de abastecimiento para la mayoría de los hogares en la isla.
A pesar de que las normativas del Ministerio de Finanzas y Precios obligan a los comercios a utilizar pasarelas de pago electrónico, los dueños de las mipymes exigen billetes en mano, preferiblemente de denominaciones altas. En estos establecimientos, donde se consiguen productos como papel higiénico a 600 pesos el paquete o aceite a 900 pesos el litro, las transferencias a través de aplicaciones como Transfermóvil o EnZona son rechazadas de plano. La exigencia de liquidez física se ha convertido en la única garantía para los comerciantes frente a un sistema bancario que no ofrece confianza ni estabilidad.
La cortina de humo de la inflación y el colapso tecnológico
La dictadura cubana había presentado la bancarización como una solución a la escasez de efectivo y una vía para modernizar la economía. Sin embargo, la deteriorada infraestructura tecnológica del Banco Central y la deficiente conectividad de ETECSA han hecho inviable el sistema. Además, analistas señalan que esta política funcionó como un mecanismo arbitrario para retener liquidez en los bancos, congelar cuentas y limitar las extracciones, permitiendo al ejecutivo cubano maquillar artificialmente los índices de inflación en sus informes parlamentarios y ante organismos internacionales como la CEPAL.
El problema trasciende al sector privado. Incluso en comercios estatales como bodegas, agromercados y farmacias, los pagos electrónicos se han convertido en un calvario para los ciudadanos. Los apagones prolongados, que en algunas provincias superan las 20 horas diarias, y la inestabilidad de las redes móviles ralentizan o bloquean por completo las transacciones, dejando a la población sin opciones para adquirir alimentos y medicinas.
La inutilidad de los salarios y pensiones atrapados en el limbo digital profundiza el desabastecimiento crónico y la dolarización de la economía nacional. Mientras las autoridades de la isla insisten en que marchan por el \»camino correcto\» en la corrección de distorsiones, miles de familias enfrentan la condena de no poder ejercer su derecho a la subsistencia. La falta de una solución real a este colapso monetario no solo ahoga la ya mermada capacidad adquisitiva de los cubanos, sino que amenaza con desatar mayores tensiones sociales en un país al borde del colapso material.
