Un estudio del observatorio independiente Food Monitor Program (FMP) revela que dos adultos residentes en La Habana necesitan al menos 41.735 pesos para costear una alimentación apenas suficiente, una cifra que supera con creces los ingresos formales de la mayoría de los hogares y evidencia el profundo fracaso de las políticas económicas y sociales del régimen de La Habana.
El informe, centrado en el análisis de la canasta básica alimentaria (CBA), monitoreó durante seis meses el precio de 29 productos en redes estatales y privadas de La Habana y Cienfuegos. Los resultados sitúan fuera del alcance de la población una dieta mínimamente saludable. Para abaratar el cálculo, el estudio priorizó alimentos ultraprocesados y de bajo valor nutricional, redujo la variedad de productos frescos y omitió los costos de servicios para la cocción, un factor prácticamente irrelevante debido al colapso nacional de la infraestructura eléctrica y de distribución.
La radiografía económica expone una severa desconexión entre los salarios oficiales y el costo de vida real. Según los datos de la \»Encuesta de Seguridad Alimentaria 2024\», más del 80% de los hogares destina a la alimentación una cantidad superior a sus ingresos formales, y apenas un 25% logra reunir más de 10.000 pesos mensuales para este fin. El gobierno cubano mantiene un esquema salarial que obliga a la ciudadanía a sobrevivir con dietas altamente repetitivas, escasas en fibra y micronutrientes, lo que perpetúa una \»hambre oculta\» con graves impactos en el desarrollo físico y cognitivo de la población.
El abandono estatal de la responsabilidad alimentaria
El observatorio subraya que, en cualquier contexto funcional, la CBA sirve como insumo técnico para fijar salarios mínimos y líneas de pobreza. Sin embargo, en el caso cubano, esta lógica está fracturada. El consumo no responde a la elección o a los hábitos culturales, sino a la carencia impuesta por lo que el Estado permite o el mercado informal dicta. Las autoridades de la isla han delegado de facto la responsabilidad alimentaria al esfuerzo individual, ignorando su obligación de garantizar la seguridad alimentaria mediante políticas públicas efectivas.
Ante este panorama, las consecuencias a futuro apuntan a un deterioro acelerado de la salud pública y un agravamiento de la crisis social en el país. Food Monitor Program exige repensar la canasta básica como un indicador de urgencia social y reclama el reconocimiento de la alimentación adecuada como un derecho humano vulnerado. Mientras la dictadura cubana mantenga intactas las estructuras de poder y el modelo económico que asfixia a la nación, el acceso a una nutrición básica seguirá siendo un privilegio inalcanzable para la inmensa mayoría de los cubanos.
