El prisionero político Yoanny Thomas González, recluido en el penal de máximo rigor de Guanajay, denunció la confiscación arbitraria de dispositivos de almacenamiento y el sometimiento a condiciones inhumanas por parte de las autoridades carcelarias. La denuncia se produce en medio de un endurecimiento de las medidas represivas contra los reclusos que cumplen penas de prisión perpetua en la isla.
En una comunicación telefónica, Thomas González detalló que el director del centro penitenciario, el teniente coronel Guillermo Cordero Monduy, ordenó a finales de julio retirar las memorias flash que los internos utilizaban para reproducir contenido audiovisual en los televisores de las celdas. Esta medida contradice una autorización previa otorgada tres meses atrás por un oficial de mayor rango, evidenciando la naturaleza arbitraria con la que el régimen de La Habana administra el sistema penitenciario. Estos dispositivos, que contienen películas, series y videos musicales grabados por sus familiares, son revisados por los militares antes de ser entregados a los presos.
La denuncia se extiende a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que agravan el sufrimiento inherente a la privación de libertad. El prisionero relató que la \»toma de sol\» no se realiza al aire libre, sino que los trasladan a otra celda sin techo por un periodo de aproximadamente una hora diaria. Asimismo, señaló que cualquier modificación normativa en el penal impacta de forma desproporcionada a quienes cumplen esta estricta condena, marginándolos sistemáticamente de las actividades colectivas.
Contexto del caso y marginación carcelaria
Thomas González hizo énfasis en que, a pesar de la severidad de su condena, la legislación debería garantizarle los mismos derechos que al resto de la población reclusa, incluyendo el acceso al estudio, la recreación y la práctica de deportes. Sin embargo, en la cárcel de Guanajay, la dictadura cubana impone un régimen de aislamiento que vulnera estos derechos fundamentales. El prisionero permanece privado de libertad desde abril de 2003, tras ser condenado por su participación en el secuestro de la lancha de pasajeros Baraguá, un suceso que marcó uno de los episodios más represivos del gobierno cubano contra intentos de salida ilegal del país.
El caso del secuestro de la lanchita de Regla culminó con la ejecución por fusilamiento de tres personas —Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac— y la imposición de penas severas a otros implicados, como Maikel Delgado Aramburu, Harold Alcalá Aramburu y Ramón Henry Grillo, también condenados a cadena perpetua. Esta situación refleja un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en las prisiones de la isla, donde el abuso de poder por parte de los carceleros es una constante. La persistencia de estas prácticas cuestiona cualquier compromiso del ejecutivo cubano con la observancia de los tratados internacionales sobre trato a los reclusos y exige un escrutinio más firme por parte de las organizaciones de derechos humanos a nivel global.
