Este viernes se cumplieron cuatro años del estallido social del 11 de julio de 2021, la mayor protesta cívica en Cuba desde 1959. Ante la exigencia ciudadana de libertad y mejoras en las condiciones de vida, el régimen de La Habana respondió con una brutal represión que, a la fecha, mantiene a cientos de cubanos encarcelados bajo acusaciones arbitrarias de sedición.
El movimiento, que se extendió desde pequeños pueblos como Puerto Padre hasta las principales ciudades de la isla, contó con la participación de personas de todas las edades. A diferencia de las manifestaciones de 1959, que siguieron a la huida de Fulgencio Batista y que a menudo derivaron en violencia contra símbolos del régimen anterior, en 2021 la ciudadanía se enfrentó a la maquinaria de un Estado totalitario intacto. Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, algunos manifestantes atacaron negocios controlados por las fuerzas armadas y sedes del Partido Comunista de Cuba (PCC), replicando acciones de resistencia histórica frente al monopolio del poder.
La respuesta de la dictadura cubana fue inmediata y desproporcionada. Bajo la supervisión del general Raúl Castro, el entonces presidente Miguel Díaz-Canel instigó la violencia estatal con su declaración pública de que \»la orden de combate está dada\» y el llamado a los simpatizantes del régimen a tomar las calles. Esta directriz motivó el ataque brutal contra manifestantes desarmados, incluidos adolescentes, por parte de fuerzas especiales del ejército, la policía y turbas paramilitares armadas con palos. En varios casos, la represión fue ejecutada abiertamente por personal militar vestido de civil, generando un clima de terror que derivó en detenciones masivas y juicios sumarios.
El encubrimiento jurídico de la represión
Para justificar la ola de encarcelamientos, las autoridades de la isla han tipificado las protestas como delitos comunes y de sedición, minimizando los hechos como simples \»alteraciones del orden\». Sin embargo, desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, las acciones del 11J encajan en lo que la doctrina penal denomina \»delitos evolutivos\»: aquellos cometidos por motivos altruistas en un intento de acelerar el progreso político y social frente a la opresión. La resistencia a la tiranía es un principio respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que despoja a los manifestantes del carácter de criminales comunes que intenta imponer la fiscalía del gobierno cubano.
El encarcelamiento de cientos de cubanos durante estos cuatro años constituye un claro abuso de poder y una violación a la legalidad vigente. La propia Constitución cubana de 1940, en su artículo 40, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos —cuya redacción contó con la participación de Cuba— establecen que cualquier disposición que limite o distorsione los derechos fundamentales es nula. Privar de libertad a ciudadanos por ejercer el legítimo derecho a la rebelión contra la opresión evidencia la desconexión entre el marco legal internacional y la práctica represiva del Estado.
Cuatro años después, la crisis estructural que motivó el 11J —marcada por la inflación, el desabastecimiento y el éxodo migratorio— no solo persiste, sino que se ha agudizado. Mientras cientos de presos políticos continúan pagando el precio de exigir dignidad, la impunidad de los represores, algunos de los cuales han tramitado o buscan residencia en Estados Unidos, plantea un desafío urgente para la comunidad internacional. La exigencia de la liberación de los presos del 11J y la observancia de los derechos humanos en la isla deben permanecer en el centro de la agenda diplomática y de la presión externa frente a la dictadura cubana.
