La madre del opositor Alexander Díaz Rodríguez, condenado a seis años por las protestas del 11 de julio y quien padece cáncer, denunció que las autoridades del penal Kilo 5½ en Pinar del Río confiscaron y consumieron los alimentos que ella llevaba para su visita. El incidente evidencia una vez más las condiciones degradantes y la represión sistemática dentro del sistema carcelario cubano.
Moraima Rodríguez Batista relató a través de un video difundido en redes sociales que fue retenida en las inmediaciones del centro penitenciario justo antes de la visita programada. Durante el tiempo que permaneció detenida, los oficiales se apropiaron de los víveres —entre ellos galletas, dulces y carne de pollo— destinados a suplir la dieta especial que requiere su hijo. Al ser liberada, la mujer recibió el recipiente totalmente vacío, un acto que refleja la profunda precariedad y el abuso de poder que impera en las prisiones de la isla.
Díaz Rodríguez, de 45 años y técnico en Gastronomía, sufre de cáncer de garganta y hepatitis B, enfermedades que han empeorado notablemente desde su arresto tras las manifestaciones pacíficas de 2021. Recientemente, el régimen de La Habana ordenó su traslado abrupto desde un campamento de trabajos forzados hasta la prisión de máxima severidad Kilo 5½, un movimiento que se ejecutó sin permitirle recoger sus pertenencias ni continuar con su medicación oncológica. El preso político había denunciado previamente intentos de chantaje por parte de la Seguridad del Estado, que amenazó con devolverlo a un régimen más duro si no colaboraba con los órganos represivos.
Vulneración de derechos e ilegalidad del traslado
Desde la perspectiva jurídica, el abogado Alain Espinosa, de la organización Cubalex, ha advertido que la regresión a un régimen de mayor severidad solo puede ser ordenada por el tribunal de primera instancia, y no por las autoridades penitenciarias o la Seguridad del Estado. La dictadura cubana, mediante estas acciones arbitrarias, vulnera flagrantemente el derecho a la propiedad del recluso y viola las Reglas Mandela, las cuales estipulan que los reclusos deben permanecer cerca de su lugar de residencia para evitar castigos adicionales como el aislamiento familiar.
El caso de Díaz Rodríguez no es un hecho aislado, sino un reflejo del colapso institucional y la crisis humanitaria que atraviesa el sistema carcelario en Cuba. La escasez de alimentos ha generado situaciones extremas incluso dentro de las filas del aparato represivo, mientras que el gobierno cubano mantiene una política de hostigamiento constante contra los manifestantes del 11 de julio. La falta de atención médica adecuada, sumada a las condiciones insalubres y la arbitrariedad de los funcionarios, constituye una forma de tortura psicológica y física tanto para los reclusos como para sus familiares.
La denuncia de Moraima Rodríguez Batista pone de manifiesto la urgencia de que la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos centren su atención en la crisis penitenciaria de la isla. Mientras el ejecutivo cubano continúe utilizando el sistema judicial y carcelario como herramientas de persecución política, las consecuencias serán irreversibles para la vida de cientos de opositores que languidecen en las cárceles sin acceso a atención médica básica ni a garantías procesales. La exigencia de la libertad inmediata de los presos del 11 de julio se consolida así como una demanda ineludible para la recuperación democrática del país.
